A través de redes sociales se publicó el documento que prueba que la orden de aprehensión en contra del ex gobernador Mario Marín Torres, de Adolfo Karam, Kamel Nacif y Juan Sánchez Moreno, fue girada por la magistrada en Quintana Roo, María Elena Suárez, el pasado 11 de abril.
Fue la magistrada María Elena Suárez Préstamo quien giró el pasado 11 de abril la orden de aprehensión en contra de los personajes involucrados.
Y es que la periodista Lydia Cacho, escribió a través de su cuenta en Twitter lo siguiente: Sí, son 14 años de persecusión, de abogadas y abogados, de pelear con el Sistema corrupto.De salir corriendo del país ante amenazas, de jueces y fiscales corruptos. El logro judicial es mío,de mi familia y abogad@s,de ustedes. Gracias. #AquíNadieSeRinde
Ante el hecho, el círculo marinista “entró en shock” y buscó tramitar amparos para evitar que los implicados sean detenidos. Es así que contrataron al bufete jurídico Nassar Nassar y Asociados.
De acuerdo con lo dado a conocer, los abogados le compartieron que un amparo de fondo no implica que el imputado se presente personalmente en el Juzgado. El trámite lo puede hacer cualquier litigante del despacho.
Asimismo, “técnicamente” Marín, Karam y asociados son prófugos de la justicia, ya que el caso instruido en su contra es por “tortura psicológica”, lo que no admite fianza por tratarse de un delito grave.
Y es que es por abuso de autoridad y tortura son los delitos por los que el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo liberó la orden de arresto contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, detenida hace 13 años por difamación y calumnia tras la publicación del libro titulado “Los Demonios del Edén”, en el que hablaba de explotación sexual de menores y en el que involucraba a políticos y empresarios poblanos.
Además del priista, juezas, jueces y agentes ministeriales que intervinieron en el proceso penal contra la activista, estarían siendo investigados.
Se dio a conocer que todo deviene de las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las que se instruye al Estado mexicano, procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas en 2005 contra la periodista Lydia Cacho.
