Tras conseguir una serie de suspensiones provisionales o definitivas de amparo ante la Ley Federal de Remuneraciones, más de un centenar de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrán sus salarios de 2018 y ganarán más que el presidente de México, según información del periódico El Universal.
Los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera y Adriana Favela, el consejero presidente Lorenzo Córdova, así como otros quince titulares y ejecutivos de de la Junta General Ejecutiva (JGE) son algunos de los que han logrado, mediante los amparos, mantener por el momento los salarios que percibían en 2018.
Reporta El Universal que en total son 130 funcionarios los que han solicitado los amparos, de los cuales cien ya obtuvieron la suspensión provisional y son muy pocos quienes no los han solicitado.
Esto, señala el periódico, ha provocado un desequilibrio en los ingresos dado que el INE deberá pagar salarios diferenciados apegándose a las órdenes emitidas por los jueces en cada caso.
Los consejeros amparados percibirán un salario mensual de 262 mil 634 pesos brutos y 170 mil 324 netos, es decir, 70 mil pesos más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien gana 108 mil 305 pesos mensuales.
En tanto, los integrantes de la JGE que poseen amparos ganarán más que los consejeros y mucho más que el presidente. Según El Universal, percibirán “238 mil 480 pesos brutos y 162 mil 501 pesos netos, o bien, 168 mil 550 pesos brutos y 116 mil 703 pesos netos”.
Los consejeros José Roberto Ruiz, Pamela San Martín y Daniela Ravel Cuevas son algunos de los consejeros que aún no han promovido amparos o señalaron estar considerando la decisión.
Varios consejeros amparados declararon que acudir a los Tribunales “no es por el monto, sino por la autonomía y los principios que deben regir la justificación de las remuneraciones”.
“La determinación del sueldo de cualquier servidor público debe estar sustentada en estudios, atendiendo a principios constitucionales como el de la proporcionalidad y el nivel de responsabilidad. El monto que estableció la Cámara no tiene ningún estudio”, justificó, por ejemplo, el consejero amparado Jaime Rivera.