El gobierno de Veracruz, encabezado por el morenista Cuitláhuac García, denunció este martes al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por presuntamente haber escondido más de 150 órdenes de aprehensión en donde figuraban varios delincuentes de alto impacto.
El secretario de Seguridad de la entidad, Hugo Gutiérrez Maldonado, y Eric Patrocinio Cisneros, secretario de Estado, declararon que el gobierno denuncia al fiscal porque “por más de dos años mantuvo escondidas” las 150 órdenes de aprehensión al no subirlas a la Plataforma México, como indica la Ley.
De acuerdo con los funcionarios, esto permitió que criminales de alto impacto gozaran de total impunidad en Veracruz y el resto del país durante la gubernatura de Miguel Ángel Yunes Linares.
“Por más de dos años, no podemos decir que tuvo guardadas, sino más bien escondidas, más de 150 órdenes de aprehensión, sin subirlas a Plataforma México; entre ellas, órdenes de aprehensión de delincuentes de alto impacto”, declaró Patrocinio Cisneros desde las instalaciones de la Fiscalía General en el estado de Veracruz.
“Lo que hay es impunidad total en los delitos del fuero común”, denunció.
Agregaron que Winckler llegó a tardar más de ocho días en subir la información a la Plataforma México sobre las órdenes de captura, y que, en algunos casos, inclusive los criminales ya habían sido detenidos cuando se hizo el registro por parte del fiscal.
Acompañado por 24 diputados locales y por Juan Javier Gómez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Hugo Maldonado, secretario de Seguridad, aseguró que en la administración de Cuitláhuac no se tolerará la corrupción en la Fiscalía, ya que “entorpece el trabajo que en materia de seguridad ha emprendido la administración estatal”.
Desde diciembre del año pasado, el gobierno de Cuitlahuac denunció al fiscal por supuestamente haber pactado con exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte para dejarlos en libertad o reducir sus penas.
Ante esto, y con el respaldo de colectivos que buscana familiares desaparecidos, así como de activistas, organizaciones civiles y empresarios, se prentendió hacerle un juicio político a Winckler para removerlo del cargo. Sin embargo, el recurso fue desechado por los legisladores del Congreso Estatal en febrero pasado.
