Según el Informe del Observatorio de Desplazamiento Interno 2019 (IDMC, por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), el desplazamiento interno en México es producto de la delincuencia, la extorsión, los desastres naturales y la corrupción, lo cual genera que cientos de miles de personas abandonen su lugar de origen.
Desastres climatológicos causaron 1 millón 700 mil de nuevos desplazamientos en el continente americano el año pasado, la mayoría en Estados Unidos. Los conflictos armados y la violencia criminal en Centroamérica y Sudamérica desplazaron a 400 mil personas.
La violencia criminal continúa generando nuevos desplazamientos en el Triángulo Norte de Centroamérica, que implica a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador; la violencia vinculada al tráfico de drogas también ocasionó 11 mil nuevos desplazamientos en México, un número similar a los que provocó el huracán Willa que en octubre azotó las costas del suroeste mexicano. Según el informe, algunas de las ciudades donde más se presenta este tipo de desplazamiento forzado por la violencia son Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana.
En el caso del sur del país, el estado de Guerrero es el que, según el IDMC, más padece el desplazamiento debido a la extorsión y delincuencia a la cual se encuentra expuesta la población.
Hubo 28 millones de nuevos desplazamientos asociados con conflictos y desastres en 148 países y territorios en 2018. Referente a México, la NRC indica los desplazamientos anteriormente señalados por la violencia pero además, otros 20 mil causados por desastres naturales.
El caso de los incendios forestales en California, Estados Unidos, es un buen espejo para nuestro país, ya que en 2018, dicho estado vivió el peor y más destructivo brote de incendios en su historia durante la segunda mitad del año, en la que el fuego destruyó 355 mil hectáreas de bosque, cuatro veces el promedio anual de los últimos cinco años, lo que generó el desplazamiento de más de 354 mil personas.
Hasta el pasado 13 de mayo, la Comisión Nacional Forestal registró 144 incendios en México, de los cuáles 38 han sido apagados y otros 106 continúan bajo atención, siendo este uno de los más importantes desastres naturales que sufre nuestro en lo que va del presente año.
Un punto más que el IDMC señala para el caso mexicano es la corrupción generalizada que en años como 2017, la cual se vincula al desplazamiento de miles de personas provocado por el terremoto del 19 de septiembre: “la Ciudad de México, por ejemplo, tiene estrictas normas de construcción, pero la corrupción dificulta el compromiso de cumplimiento. Esto puede tener graves consecuencias, como se observó en el terremoto de 2017 cuando muchos de los edificios que no cumplían con el código de construcción se derrumbaron. El proceso de reconstrucción también fue asolado por la falta de transparencia”. Además, se indica que en el futuro, la mayor parte del desplazamiento interno se dará desde zonas urbanas.
En total, el informe estima que son unos 338 mil desplazados al interior de México que se suman por la persecución política, conflictos por la tenencia de la tierra, el crimen organizado y los desastres naturales; sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez ha dicho que el número de personas desplazadas al interior de nuestro país varía entre un millón 200 mil y 8 millones de personas, sólo a causa de la violencia y operación de las organizaciones crimínales.
Es por lo anterior que José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró para A Barlovento Informa que urge la creación de mecanismos para contabilizar a las personas que sufren las diferentes etapas del desplazamiento forzado interno, además de la importancia de atender las causas y dar seguimiento a los procesos de las victimas para que puedan reinsertarse a la vida social.
El pasado 10 de abril, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Penal Federal para castigar hasta con 12 años de prisión a quienes causen desplazamiento forzado interno en nuestro país, sanción que puede aumentar cuando el delito se cometa contra infantes, adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas.
Lo aprobado en San Lázaro durante el pasado periodo ordinario de sesiones explica que: “Comete el delito de desplazamiento forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, ocasiones que abandone su lugar de residencia”.
