La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó seis denuncias penales y 12 administrativas contra 235 ex funcionarios estatales y federales que habrían cometido delitos y omisiones durante las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014.
A través de un comunicado, la CNDH menciona que interpuso denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con el detenido Agustín García Reyes (a) ‘El Chereje’, en las inmediaciones del Río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014”, las cuales están detalladas en el Apartado 31 de la recomendación 15VG/2018.
En la Recomendación detallan que las denuncias penales involucran a 235 personas del servicio público y las administrativas a 140 funcionarios (131 del orden federal y 9 del estatal).
Asimismo, destacan dos denuncias penales contra ex funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y la PGR, quienes no habrían realizado oportunamente diligencias de investigación sobre los autobuses “Costa Line 2513 y Estrella Roja 3278, utilizados por los normalistas y cuyos aspectos están en el apartado 10 de la referida Recomendación”.
De acuerdo con el organismo, 116 servidores públicos –82 federales y 34 estatales— habrían realizado actos u omisiones durante las investigaciones ministeriales, mientras que otros 119 –114 federales y cinco estatales—”fueron denunciados por participar en actos de Tortura, trato Cruel, Inhumano y/o Degradante, Detención Arbitraria y otras Violaciones en los 65 casos en que este Organismo Constitucional Autónomo acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso, que están detalladas en el Apartado 32 de la Recomendación, y también a ellos se les denunció por en la vía administrativa”.
Sobre los actos de tortura, la CNDH refiere el caso de Carlos Canto Salgado, detenido como uno de los responsables de la desaparición y cuya tortura se documentó en un vídeo que circuló por redes sociales y donde presuntamente aparece Carlos Gómez Arrieta, quien era jefe de la Policía Federal Ministerial.
“Se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de Tortura, para que tales actos sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden las responsabilidades del caso, para lo cual aportó un dictamen en materia Criminalística y una Opinión Técnica Médico-Psicológica”, informan.
En las denuncias también se menciona al personal a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal y, particularmente, a dos agentes de dicha corporación que habrían participado “en la desaparición de un grupo de normalistas en el ‘Puente del Chipote’ y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos”.
“También se les denunció por incumplimiento de los Deberes del Régimen Disciplinario ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal”, indica el comunicado.
