Este lunes el Congreso del Estado de Tabasco aprobó con 24 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones las reformas al Código Penal estatal para la incorporación del delito “impedimento de ejecución de trabajos y obras”, con lo que se castigaría hasta con 20 años de cárcel el bloqueo de obras públicas o privadas y cierres carreteros por parte de grupos que pretendan obtener “dádivas, cuotas o la obtención de un empleo”, ejerzan la violencia y utilicen menores de edad en sus movilizaciones.
Asimismo, se aprobó la modificación de la redacción del artículo 38 bis para especificar que la aplicación de la medida será contra protestas que buscan “extorsionar” y no contra cualquier movilización que tenga lugar en la vía pública, como se contempló al principio.
Esto, luego de que el secretario de Gobierno estatal, Marcos Rosendo Medina Filigrana, sostuvo una reunión con los diputados locales en donde se determinó modificar el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso Local, y “mejorar la redacción” de este apartado.
“La protesta ciudadana es un legítimo derecho que está previsto en la Constitución. Esta reforma al Código Penal, insisto, es antiextorsión, en ninguno momento es antimanifestación”, dijo.
En el marco de la discusión en el recinto legislativo, donde por más de dos horas un grupo de ciudadanos exigió a gritos una consulta popular sobre el tema, la fracción parlamentaria de Morena apuntó que las modificaciones al código penal no persiguen “criminalizar a los ciudadanos ni a las protestas que buscan su razón de ser en las injusticias”, sino “hacer frente a un incremento de las prácticas que tienen como objetivo la extorsión y el beneficio económico para unos cuantos”.
“No se va a violentar el derecho a la manifestación, sino se van a frenar las acciones de los sindicatos fantasmas que quieren desestabilizar el estado a través de seudosindicatos. No se trata de modificar, sino de adecuar el código penal”, dijo Rafael Sánchez Cabrales, diputado de Morena.
La mayoría morenista defendió la propuesta del gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, y destacaron que su aprobación permitirá parar a los “seudosindicatos” que impiden el desarrollo de trabajos en zonas municipales como Cárdenas o Paraíso, este último sitio donde se construirá la refinería de Dos Bocas.
Por su parte, los grupos de oposición, entre estos el PRI, señalaron que es una medida represiva que busca criminalizar “cualquier protesta” y que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es incongruente, ya que él fue parte de muchas protestas en espacios públicos y del gobierno.
“Lo que buscan es callar las voces de protestas que podrían surgir contra cualquier autoridad; es autoritarismo”, dijo la diputada del PRI,Ingrid Margarita Rosas Pantoja. “Se trata inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público”, criticó.
Por lo tanto, la modificación establece que “al que extorsione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años”. En ese sentido, la pena y la multa se aumentarán al doble cuando “el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.
Al término, una diputada del PRD, los diputados del PRI y su coordinador, Gerald Washington Herrera Castellanos, abandonaron la sesión cuando se sometió a votación si el dictamen ya había sido discutido lo suficiente.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la iniciativa “se está buscando corregir un vicio”.
“Se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de esa empresa o una compañía que trabajaba para ella. Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pesos a la semana para poder pasar”, mencionó.
