La organización Artículo 19 aseguró que la nueva administración de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno y la procuradora de justicia, Ernestina Godoy, tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y la verdad en el Caso Narvarte.
La oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19 lanzó la plataforma de memoria y verdad sobre la tortura y asesinato de Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Rubén Espinoza el 31 de julio de 2015 en un departamento en la colonia Narvarte en la Ciudad de México como respuesta “a la falta de garantía del derecho a la justicia y verdad por parte del Estado.”
La plataforma tiene como objetivo recuperar información y ponerla a disposición de la sociedad y los familiares de las víctimas, así como crear narrativas que contribuyan al derecho a la verdad como punto principal en la búsqueda de justicia.
Artículo 19 denuncia que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México manipuló la escena del crimen y la evidencia y cometío fallas graves en la cadena de custodia de las pruebas, en la toma de testimonios, la filtración de información confidencial de las autoridades y al no agotar todas las líneas de investigación. La recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México da cuenta de todo lo antes mencionado.
En el comunicado de prensa recuerdan que “Marco Reyes (entonces Fiscal Central de Investigación para la atención del delito de homicidio que después fue premiado y promovido como subprocurador), expresó a los abogados y familiares de las víctimas que querer conocer el móvil del crimen era una exquisitez.”
El sitio web concentra informes realizados por especialistas como Sara Pantoja, periodista de la revista Proceso, que cuenta quiénes eran las víctimas, lo que se hizo durante las investigaciones y lo que falta por hacer; un análisis del discurso sobre la cobertura que cuatro medios hicieron sobre los feminicidios y el homicidio; además de podcasts y una novela gráfica que da cuenta de las violaciones a derechos humanos de periodostas durante el sexenio de Javier Duarte en Veracruz.
