En las últimas horas, Tegucigalpa, capital de Honduras, ha sido escenario de fuertes manifestaciones por parte de la sociedad civil, quienes piden la dimisión de su actual presidente, Juan Orlando Hernández, luego de que fuera mencionado en documentos de una corte federal de Nueva York, Estados Unidos, señalado por presuntamente haber recibido 1 millón 500 mil dólares del narcotráfico para financiar su campaña política en 2011.
Según la agencia de noticias EFE, el enfrentamiento se registró a inmediaciones del Parlamento hondureño, donde miles de manifestantes, convocados por la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, exigieron la salida del poder de Hernández.
Ante los disturbios generados por las protestas, donde incluso se ha prendido fuego en las calles de la capital hondureña, Hernández ha dicho: “Sentémonos a construir un nuevo modelo que mejore la atención en salud y educación para el pueblo hondureño”. Asimismo, en su cuenta de Twitter, aunque no hace referencia directa a las acusaciones que se le imputan, publicó un video sobre los logros de su gobierno en la lucha contra el crimen organizado, acompañado del siguiente texto: “Las cifras hablan por sí mismas, veamos quién es quién, ¿quién está del lado del pueblo y tiene un historial de lucha contra el narcotráfico y quién está del lado de los criminales?”
Algunos de los datos que en el video, y de viva voz presume el mandatario son: 4 mil 839 detenidos por extorsión, 19 narco-laboratorios desmantelados, 18 mil 333 kilos de cocaína incautada, 14 mil armas decomisadas y 500 bandas desarticulada; además concluye: “Y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha contra los narcotraficante, los otros criminales… No nos van a detener”.
Sin embargo, para varias organizaciones de la sociedad civil, la historia es otra, pues ellos y no el crimen son quienes ahora se han enfrentado a la policía local ante la represión violenta de las autoridades para frenar sus protestas, lo cual intentaron lanzando tiros al aire y dispersando a los manifestantes con gas lacrimógeno.
A mediados de junio pasado, un sector de la Policía Nacional se había acuartelado con una huelga de fusiles caídos, exigiendo mejor trato y respeto a sus derechos humanos por parte de las autoridades y prometieron que no reprimirían al pueblo hondureño que se manifestara en las calles; además, pidieron perdón por sus actuaciones y por las violaciones a los derechos humanos del pueblo hondureño.
Los agentes de las fuerzas especiales hondureñas demandaron ciertos beneficios sociales, como la revisión de sus seguros de vida o la creación de un fondo para gastos médicos.
Según el medio Sputnik, uno de los agentes manifestantes declaró en junio, que las protestas contaron con el apoyo de “un 20 por ciento de los oficiales de la Policía”. “Decimos a la gente que continúe luchando” y que “la Constitución de la República dice que todos tenemos derecho a protestar”, subrayó.
A su vez, el mismo medio de comunicación informó que otro oficial declaró que los manifestantes expresan su “descontento con el Gobierno” y que “nadie se está manifestando aquí por los problemas de salario, sino queremos aclarar a los medios que se debe a la violación de nuestros derechos humanos”.
Sin embargo, ahora que las organizaciones salieron a las calles, la violencia se sintió en Tegucigalpa, pese a que al parecer, el conflicto seguirá escalando. De acuerdo con las declaraciones de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación y el Partido Libertad y Refundación, las actividades contra la gestión de Hernández se han extendido por todo el territorio del país, a través de la denominada Gran Concentración Epicéntrica Nacional.
En este sentido, la Plataforma publicó un comunicado en el que expresan: “En nuestra lucha por el fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y el respeto por los Derechos Humanos con base al grave involucramiento del gobernante Juan Orlando Hernández en actos del crimen organizada, narco actividad y corrupción pública en gran escala mediante un patrón sistemático de violación de la Constitución de la República, exige su inmediata salida del cargo ilegalmente ocupado”.
La Acción Ciudadana Contra la Dictadura, presidida por el ingeniero y político, Salvador Nasralla, anunció que se uniría a esta lucha social gestada para dar un revés en la administración hondureña. Asimismo, el coordinador general del Partido Libre, opuesto al régimen oficial, Manuel Zelaya, exhortó a la población mantenerse en las calles.
