El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios públicos y jueces para determinar responsabilidades en el caso de los 43 normalistas desaparecidos contra su voluntad en Iguala, Guerrero, hace cinco años.
La investigación incluye a ministerios públicos y a los encargados de la investigación de la Procuraduría General de la República del sexenio pasado por lo que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no descarta que las indagatorias lleguen a Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR y a Tomás Zerón.
Encinas explicó durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional que un juez de Tamaulipas dejó en libertad a Gildardo López Astudillo, uno de los acusados del caso Ayotzinapa, lo cual crea un precedente con el que otras 50 personas en proceso podrían quedar en libertad.
Asimismo, el funcionario explicó que, de las 142 personas detenidas, 53 fueron liberadas y el proceso judicial se basa en 107 pruebas de las cuales solamente subsisten 44 debido a que un juez desestimó algunas.
