A través de un comunicado el Bufete Hernández Barros y Oléa & Oléa abogados, quienes actualmente encabezan la defensa de la ex funcionaria Rosario Robles Berlanga, informaron que no podrán continuar con los trámites para su liberación, ya que la ex titular de la Sedesol y la Sedatu no cuenta con efectivo para pagarles honorarios.
Tras apoyar a Robles durante la audiencia en el Reclusorio Sur, y durante su primer mes de encarcelamiento en el penal de Santa Martha Acatitla, Julio Hernández Barros y Alejandro Oléa informaron que la renuncia será efectiva en tanto su cliente designe nuevos defensores particulares.
“Hemos decidido finiquitar la relación profesional que nos une con la antes mencionada, renuncia, que será efectiva hasta en tanto la señora María del Rosario Robles Berlanga designe nuevos defensores particulares; ello, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo”, reza el comunicado.
Asimismo, señalan que Julio Hernández Barros será el encargado de “la continuidad de la defensa y de todos los actos procesales que se encuentren pendientes”, así como de concretar el cambio con el nuevo equipo legal.
Agregan que confían en el Poder Judicial de la Federación y aseguran estar convencidos de que su defendida obtendrá su libertad en un corto plazo.
Sobre el actuar del juez de Control Luis Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, contra quien interpusieron denuncias y quejas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura Federal (donde también interpusieron una queja) para que “realice una investigación exhaustiva y conforme a Derecho respecto a su conducta”.
