En torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, han sucedido infinidad de situaciones que hoy se retoman dado el compromiso del Gobierno Federal por encontrar la verdad en los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero hace casi 5 años; por ejemplo, se habla de la reaparición del grupo de Expertos Internacionales que apoyaron a las investigaciones e incluso de la comparecencia del ex procurador, Jesús Murillo Karam.
En noviembre de 2014, a poco más de un mes de la desaparición de los estudiantes, la extinta Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Murillo Karam, anunció lo que para ellos fue “la verdad histórica”, donde se narró que los jóvenes habrían sido incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero.
“Estoy completamente tranquilo. En el expediente del caso Ayotzinapa hay cerca de 300 pruebas que son contundentes, que no admiten duda. Espero que la investigación que hagan se fundamente en el expediente”, dijo Murillo Karam en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, este 16 de septiembre, luego de que la subsecretaría para los Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación que dirige Alejandro Encinas, sugiriera que requerirá la comparecencia de exfuncionarios ligados al caso Ayotzinapa.
Además, el ex procurador añadió: “No tengo duda de que los restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecen a un grupo grande de normalistas de Ayotzinapa. Siempre dije que no podía precisar cuántos, pero estoy seguro que ahí se cometió un homicidio terrible”.
Sin embargo, en 2015, el propio gobierno federal permitió el ingreso a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes poco a poco fueron encontrando inconsistencias en la famosa “verdad histórica”.
En septiembre de 2015, en conferencia de prensa, Carlos Beristáin, experto del GIEI, aseguró que: “Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó”, en referencia al calcinamiento en Cocula.
En un informe de 550 páginas, el GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del gobierno mexicano, asegura que no hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero.
“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”. En ese lugar sólo hubo “fuegos de pequeñas dimensiones” pero que no se puede saber la fecha en que ocurrieron, se aseguró.
Sumado ya al trabajo del GIEI, ellos mismos pidieron un peritaje independiente al experto peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería, el cual determinó que para incinerar 43 cuerpos se deberían haberse usado 30 toneladas de madera y el fuego tuvo que haber ardido por 60 horas, y no las alrededor de 12 que se fijo en “la verdad histórica” .
Además, se señaló también, que la llama tendría que haber alcanzado siete metros y el humo, 300, lo que habría llamado la atención de la gente de localidades cercanas.
Sumado a todas estas inconsistencias, se encuentra ahora la problemática de que poco a poco están saliendo de prisión algunos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas; ya sea por la vía de los amparos, o por las violaciones al debido proceso en las que la PGR incurrió durante su investigación, diversos personajes han encontrado la libertad.
Al respecto, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, declaró: “No es aceptable ni jurídica, ni moralmente, que se esté dejando en libertad a los 24 policías municipales (de Iguala, Huitzuco y Cocula) que se encontraban detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, tres de ellos normalistas (además de un jugador del equipo de fútbol Los Avispones, el chofer del autobús en que viajaban los jugadores, así como una mujer que estaba en un taxi, hechos ocurridos en el crucero que va al poblado de Santa Teresa, en la carretera federal Iguala-Chilpancingo)”.
En la ruta que sigue el gobierno federal “posteriormente no va ver nadie que responda por estos hechos tan lamentables, que sigue siendo una exigencia que se esclarezca este hecho lamentable”, reiteró el mandatario local.
