Humberto Castillejos, quien fue consejero jurídico de la Presidencia de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha sido un personaje inmiscuido en diversas controversias que lo hacen un ex funcionario en la mira de personajes como Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Castillejos es señalado por el propio Santiago Nieto de haber encabezado una red de extorsiones durante la administración del ex presidente Peña Nieto. En entrevista con Aristegui Noticias, publicada en agosto pasado, el titular de la UIF dijo que, de acuerdo con las declaraciones de tres informantes, ese esquema de extorsión existía dentro de la propia Unidad que ahora dirige y actuaba bajo las órdenes de Castillejos.
Según la entrevista a Nieto, en este esquema se exigía dinero a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias fueron congeladas desde la UIF entre 2014 y 2018, por sospechas de lavado de dinero. En esos años, Alberto Bazbaz era titular de la unidad.
“Lo que sí nos explicaron (los informantes) es que había despachos, que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que los buscaban (…) Entonces, ¿qué es lo que hacían? No es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas”, dijo Nieto a Aristegui Noticias.
“Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es: ¿cómo podían tener esa información? Y a partir de ahí se generaba el caso”, añadió según dicho medio y señaló también que: “El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos (…) Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, aseguró.
El también ex fiscal electoral dijo que el desbloqueo injustificado de las cuentas quedó asentado en un acuerdo expedido por la UIF en junio de 2018, un año después de que Castillejos renunció a la Consejería Jurídica, quien se separó del cargo en junio de 2017.
“Este era un acto, a lo mejor chico, si lo comparamos con ‘La estafa maestra’, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense; digamos, hubo mayores actos de corrupción, y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, alertó para Aristegui Noticias Nieto Castillo.
Por su parte, ha referido la Revista Proceso, Castillejos Cervantes es integrante de esa dinastía de abogados con importante presencia política en el Estado de México, y diferentes trabajos periodísticos lo relacionan, lo mismo que a su primo Alfredo Castillo, con Tomás Zerón, el extitular de la AFI y actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, a quien se le atribuye la construcción de la fallida “verdad histórica” de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En un texto firmado por Arturo Rodríguez, de Proceso, se indica que el desencuentro entre el gobierno de Peña Nieto y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar lo ocurrido con los normalistas, fue Castillejos quien salió a descalificar la indagatoria y, de acuerdo con información publicada por el periodista Ricardo Raphael, fue el autor del rompimiento del gobierno con esa tercería internacional.
Además, Castillejos fue quien en 2015 salió a dar la cara por la familia presidencial en el caso de la segunda mansión en el exclusivo sector de Lomas de Chapultepec que usufructuó Peña Nieto durante su campaña y era propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista gubernamental y cabeza visible del Grupo Higa.
Como ocurrió semanas antes con la Casa Blanca de Peña Nieto tras la investigación del equipo de Carmen Aristegui, la explicación oficial fue que la propiedad no era del mandatario, sino de Castillejos Cervantes, quien la rentaba para usarla como despacho y que en algunas ocasiones recibió ahí al candidato priista y luego presidente electo Enrique Peña Nieto, esto según el texto referido de proceso.
Proceso documentó en su edición 2087 que, a pesar de que la ley es explícita al respecto, Castillejos Cervantes no tuvo cédula profesional hasta 2015, por lo que al asumir la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) violó diferentes disposiciones legales y las había violado en el pasado al litigar sin cédula.
En la CJEF, cuyo titular acuerda directamente con el presidente, Castillejos Cervantes se destacó por su participación en la redacción de las reformas estructurales aprobadas luego por la vía del Pacto por México. Posteriormente las defendió en las diferentes controversias constitucionales que se interpusieron contra ellas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere Proceso.
Asimismo, se da cuenta de ello en la carta de aceptación de su renuncia: “Ha sido fundamental en el diseño, construcción, negociación y aprobación de las reformas estructurales de educación, financiera, fiscal, energía, competencia económica, telecomunicaciones, política, laboral, transparencia, anticorrupción, amparo, justicia penal y justicia cotidiana que han dado al país un nuevo marco constitucional para el siglo XXI”, se enumera en el documento oficial.
También se expone que Castillejos Cervantes se destacó en la defensa de la constitucionalidad de las reformas ante la SCJN y otros tribunales, además de haber defendido “eficazmente los intereses de la federación”.
Por otra parte, el ex Consejero Jurídico, hace algunas semanas, fue expuesto por la adquisición, en 2016, de un perro de 1.9 millones de dólares, es decir, 38 millones de pesos.
De acuerdo con Sin Embargo, durante su gestión en el gobierno, Castillejos adquirió al “perro más caro del mundo”, un Mastín Tibetano color cobre cuyo precio cubre más de la mitad que lo invertido en varios programas destinados para combatir la pobreza durante el gobierno de Peña Nieto.
Un ejemplo de esto es el caso del Programa para Jefas de Familia, que contempló una inversión de más de 56 millones de pesos, aunque recientemente trascendió que dichos recursos fueron desviados por Rosario Robles.
La adquisición del lujoso can figuró en su penúltima declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde reportó que se hizo de tres camadas de esta raza entre el 2 y 8 de febrero de 2016 con pagos “al contado”.
Además, detallan que para adquirir un perro de esta raza es necesario un certificado de importación que se emite mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en las aduanas donde se hace una revisión del ejemplar, por lo que la compra contó con el aval de la administración priísta.
