Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención los senadores aprobaron en lo general y con modificaciones el dictamen relacionado con la Consulta Popular y Revocación del Mandato.
Dentro de las modificaciones que contemplan en este dictamen, es que podrá solicitar en una sola ocasión, y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato del Presidente de la República la consulta popular para definir si permanece en su encargo. Es decir, tres meses después de las elecciones intermedias.
El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará el desarrollo y cómputo de la votación, además de emitir los resultados de la consulta. Contará también con la participación Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para garantizar la imparcialidad de este mecanismo y resuelva las impugnaciones que se presenten.
El INE tendrá la facultad de prohibir la contratación, de particulares y entes gubernamentales, de propaganda dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.
Contempla a su vez, que la revocación se podrá solicitar con un número equivalente de al menos tres por ciento de la lista nominal de electores, con una dispersión regional representativa de 17 estados de la República.
También se votó otra reserva que considera pertinente establecer que en el supuesto de haberse revocado el mandato al presidente, asumirá, provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia de la Cámara De Diputados. Dentro de los 30 días siguientes, el Legislativo nombrará a quien concluirá el periodo constitucional.
No contempla la continuidad en el encargo de otros servidores públicos, para que no sea utilizado este mecanismo para refrendar ningún cargo, al sistema financiero, o el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como obras de infraestructura en ejecución.El senador Gustavo Madero, coordinador del PAN presentó una reserva para reformar los artículos 16 y 122, para que exista la posibilidad de que las obras de infraestructura puedan ser motivo de consulta y la ciudadanía pueda decidir, sin embargo, fue rechazada.
Esta Ley también aplica para gobernadores, y establece que en su caso tendrán 18 meses, a partir de la promulgación de este decreto, para garantizar el derecho ciudadano a solicitar el proceso de revocación.
El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, habló de los consensos que se tuvo en torno a esta Ley, a fin de realizar los cambios a la minuta enviada por la colegisladora.
Expresó que la revocación de mandato y la consulta popular son instrumentos políticos de la ciudadanía para ejercer sus derechos y que fueron modificados puntos que los grupos de oposición demandaron: “ya no será el día de la elección, será solicitada por los ciudadanos, y lo organizará el INE”, dijo.
Por su parte la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, dijo que esta reforma contiene uno de los cambios más trascendentales de la nueva administración: transformar radicalmente el sistema presidencial mexicano, democrático y gubernamental.
“Hoy llega a su fin el presidencialismo imperial y décadas de autoritarismo en México”, comentó.
