El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, habló sobre la capacidad de recepción de denuncias, y las víctimas, en espera, que las propuestas de la reforma del Poder Judicial vengan en ese sentido, para mejorar el sistema de prisión preventiva, ya que manifestó su preocupación por la impartición de justicia en el país.
Durante el foro de “Reforma con y para el Poder Judicial”, el fiscal urgió a los senadores para que el próximo 18 de enero la fiscalía ya cuente con este nuevo ordenamiento, para contar con un cuerpo jurídico en materia penal que le dé una respuesta a los mexicanos.
“En nuestro país, de acuerdo con la última estadística del INEGI, se han cometido cerca de 33 millones de delitos en el último año, 33 millones de delitos; de los cuales cerca del 99 por ciento han quedado impunes”, señaló ante los senadores.
En su oportunidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó que a pesar de los avances que ha logrado el poder judicial, no han logrado ganarse la confianza de la ciudadanía, ya que el poder que él lidera, se percibe como uno lejano del pueblo y desconectado de la realidad.
“Como poderes del Estado, nos une una misma aspiración de servir mejor a la sociedad a la que nos debemos. Nos une la misma visión de una justicia a la que tengan acceso efectivo todas las personas; sobre todo, las más humildes, las históricamente excluidas y discriminadas, las que nunca han tenido voz”, expresó.
Por ello, confía que esta colaboración entre Poderes en la elaboración de esta reforma del estado, cumpla con las exigencias de justicia del pueblo de México.
En el mismo, sentido Julio Scherer consejero jurídico de la presidencia, en su intervención aseguró que uno de los tantos retos que tiene el Poder Judicial es el necesidad de devolverle al pueblo la confianza, con acceso a la justicia y que se generen los mecanismos necesarios para reducir la impunidad y corrupción.
“No será posible concretar el cambio de régimen y la transformación de México, sin reforzar la independencia, calidad y el profesionalismo del Poder Judicial. En esta perspectiva, es necesario realizar cambios en la justicia local y federal, a fin de lograr una modificación sustantiva en su operación y entre sus actores, con el objetivo primordial de mejorar el acceso a la justicia, perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición de justicia en su conjunto”, manifestó.
Añadió que también se propondrá un Código Penal Único, que permitirá contar con una norma homologada, con aplicación en todo el territorio nacional y que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles, situación que no se presenta actualmente como consecuencia de la multiplicidad de códigos penales en las entidades federativas.
Las leyes contempladas en esta reforma, buscan distribuir las competencias dentro de la Federación y las entidades federativas, con los mecanismos de cooperación, colaboración, investigación y ejercicio de la acción penal.
Refirió el consejero jurídico que se establecerá por lo menos la regulación en materia de capacitación de los policías como primeros respondientes; “la obligación de los policías, analistas, peritos y demás personal de las procuradurías o fiscalías locales y de la Federación, de prestar auxilio al ministerio público, para la investigación de hechos constitutivos de delitos”.
