Los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron este martes los avances que han realizado para analizar y combatir las operaciones ilegales de empresas fachada, lavado de dinero y facturación falsa.
Margarita Ríos y Santiago Nieto, titulares del SAT y la UIF, respectivamente, explicaron que se está trabajando en un modelo que detectar a empresas que realizan operaciones irregulares y para lo cual se estableció una muestra de mil 944 factureras.
Asimismo, precisaron que durante los últimos cuatro años las denuncias por facturación falsa han aumentado en un 30%, ya en el año 2015 únicamente se tenían dos denuncias presentadas por el delito de expedición o enajenación de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, como lo establece el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación.
En contraste, indicaron que durante el año 2019 suman 174 denuncias presentadas y 130 más que se encuentran en proceso de preparación para ser interpuestas formalmente. Al respecto, explicaron que los modelos de operación de las empresas ilegales son varios; no obstante, Santiago Nieto dijo que sobresalen los casos de jóvenes que son accionistas de empresas millonarias.
Así, una alerta para las dependencias son los casos de socios accionistas millonarios y jóvenes, padres de familia y educados, ya que se ha establecido como un indicio de probable lavado de dinero.
En tanto, Margarita Ríos informó que China, Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido, Singapur, Corea del Sur, Uruguay, España, entre otros países, son el principal destino del dinero de las empresas fachada; apuntó que posiblemente las empresas buscan fomentar una especie de financiamiento ilegal en el exterior, pues el dinero no permanece en el país.
Mencionó que gracias a la estrategia coordinada se detectaron desde junio pasado una red de empresas factureras con operaciones simuladas; se trata de empresas de nueva creación con un incremento exponencial en su facturación, así como inconsistencias entre lo facturado y lo declarado, que sumaron 150 posibles casos con 282 mil millones de pesos facturados. Tras turnarse los casos a la UIF, se inició la investigación de 138 empresas.
En concreto, expuso que se bloqueó el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, las cuales, con la participación de la UIF, se comprobó que tenían indicios de lavado de dinero, por lo que se impidió que siguieran facturando.
A partir de estos casos se identificaron 10 casos de los que salieron 135 más; de esta rama se bloqueó a 92 empresas, por lo que se trata de una amplia red de falsificadores y defraudadores.
Con base en la reforma que aprobó el Poder Legislativo, Carlos Romero Aranda, Fiscal de la Federación, exhortó a las empresas a regularizar su situación, ya que a partir de enero del 2020 las operaciones ilícitas serán sancionadas como delincuencia organizada.
