La confianza en el gobierno federal y la certeza jurídica para las inversiones se mantiene, aseguró el sector privado del país a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); asimismo, el organismo señaló que el 90 por ciento de las preocupaciones que mantenía sobre la miscelánea fiscal fueron atendidas.
En una conferencia de prensa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que los empresarios confían en México porque están en la misma mesa trabajando con el gobierno federal.
Al respecto, el CCE informó que el sector privado y las autoridades, lograron avances en la cláusula general anti abuso, los esquemas reportables, actividades no objeto para efectos del Impuesto al Valor Agregado, así como en la subcontratación laboral, mejor conocida como outsourcing, una práctica sumamente criticada que fue aprobada en la Reforma Laboral de 2012, cuando el PRI y el PAN dominaban el aparato Legislativo.
De acuerdo con el sector privado, sobre la miscelánea fiscal, agregaron que lograron la limitación para la deducción de intereses, esquemas de inversión, responsabilidad solidaria de socios y administradores, cancelación de sellos digitales.
Lomelín aclaró que alrededor de las iniciativas para perseguir a las factureras ha habido confusión, pues solo se perseguirá a quien presente facturas falsas y no se encuentre dado de alta como contribuyente, por lo que no es aplicable a todos.
Agregó que el primer requisito para ser sujeto de una investigación de ese tipo es que las facturas sean por 7.8 millones de pesos, lo cual quiere decir que el “error” en los estados de resultados de una empresa deben ascender a 30 millones de pesos.
Indicó que eso quedó establecido en lo aprobado por los legisladores, lo cual consideró como un logro del sector privado.
Sin embargo, comentó que pudieron haber quedando tranquilos si en la ley hubiera quedado establecido “con toda claridad” que se aplicará a contribuyentes que estén organizados para crear una estructura de delincuencia.
El CCE, según La Jornada, consideró que existe certeza jurídica porque en los considerandos de la iniciativa que envió el Ejecutivo y aprobada por los legisladores, se incluyó un párrafo donde se señala que la reforma no será aplicada contra el ciudadano común cuando tenga un error en la forma de declarar sus contribuciones, ni contra aquellos empresarios que no forman parte de grupos delincuenciales dedicados de manera permanente a lucrar a costa del fisco federal. Sin embargo, lamentó que esas precisiones no se incluyeron.
