Tras la circulación de un vídeo en donde la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habla con Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, sobre la ampliación de su gobierno de dos a cinco años, los grupos de oposición han señalado que la ministra en retiro apoya el proyecto de Bonilla, calificado por diversos grupos y dependencias como un hecho inconstitucional.
No obstante, desde el origen de la polémica, Sánchez Cordero señaló que el futuro sobre la ahora llamada “Ley Bonilla” depende exclusivamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto ha explicado en diversos medios las razones de sus comentarios en el vídeo.
Precisó, por ejemplo, que los comentarios se ciñeron a un marco legal y no constitucional, pues este último punto corresponderá, como dijo antes, a la SCJN.
En el vídeo de poco más de dos minutos, del cual, indicó, tuvo conocimiento hasta que comenzó a circular en redes sociales, Sánchez Cordero dice: “Ahorita acabo de hacer una declaración importante. Me dijeron: ¿es legal los cinco años? Les dije: Es legal porque la norma está vigente y es una norma que está así”.
La declaración establece dos puntos importantes: el primero, el marco al cual se ciñe el comentario, que corresponde únicamente al jurídico y que además expresa sólo una postura personal al decir “para mí la norma va a pervivir”; el segundo, que Sánchez Cordero habla sobre una declaración que hizo, antes del encuentro, a medios de comunicación, por lo que el planteamiento de la oposición, es decir, un supuesto respaldo “secreto” del gobierno federal al actual gobierno de Baja California, carece de sentido, pues se especifica que Sánchez Cordero hizo una declaración pública.
Ella misma, tras la oleada de críticas de la oposición, lo explicó de este modo: “Estábamos en un debate estrictamente jurídico, de hecho yo lo dije así, es un debate jurídico. Una cosa es legal y otra constitucional; entonces, es legal, sí, porque la norma es vigente; es inconstitucional o no, eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional del Estado mexicano”.
Cabe destacar que tal como lo manifestó en su momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sánchez Cordero dijo el pasado 26 de septiembre, durante su comparecencia en el Senado: “La reforma o la llamada Ley Bonilla es, en mi opinión, inconstitucional, no he cambiado de opinión. Si queremos vivir en un estado de derecho las normas emitidas por todos los congresos tendrán una presunción de validez hasta que el poder que controla la validez constitucional declare su invalidez”.
Con esto, Sánchez Cordero reiteró por segunda ocasión, durante dicha comparecencia, que la última decisión la tendrá el máximo órgano judicial del país, mientras que su postura personal es que la Ley Bonilla es “inconstitucional”.
