Defender los derechos, recursos patrimoniales y territorios de ejidos, comunidades y pueblos originarios, promover el desarrollo social y sustentable; así como mejorar las condiciones de vida de la población rural, son algunos de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Agraria del Gobierno de México que se presentará en las próximas semanas.
En esta etapa de transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, los organismos del sector agrario, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), conjuntan esfuerzos en defensa del territorio y salvaguarda de la propiedad social, constituida por más de 32 mil núcleos agrarios, en 103 millones de hectáreas del territorio nacional.
La acción directa del Estado Mexicano en el Programa Emergente de Restitución, Resarcimiento y Reordenamiento de los Núcleos Agrarios de la Península de Yucatán, que opera la Procuraduría Agraria (PA), en coordinación con el Registro Agrario Nacional (RAN), tiene por objetivo detener la especulación, venta ilegal o despojo de tierras en núcleos ejidales y comunales del país.
Como parte de la PNA que pone en el centro a los más pobres y humildes del país, el RAN ha entregado -de diciembre de 2018 a octubre de 2019- un total de 47 mil 491 documentos agrarios (85 mil 998 Certificados Parcelarios; 25 mil 988 Certificados de Uso Común y 35 mil 505 Títulos de Propiedad).
Se trata de acciones de certeza jurídica y control documental sobre la tenencia de la tierra que acreditan la legitima titularidad de propiedad social, que han beneficiado directamente a 95 mil 770 ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados, que viven en los 32 mil 154 núcleos agrarios del país, informó la Sedatu.
En tanto, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), contribuye de manera efectiva en la política de defensa del territorio, facilitando gratuitamente a los núcleos agrarios la asesoría en los procesos de reversión de aquellos terrenos que hayan sido expropiados, por causa de utilidad pública, pero que no cumplieron con la indemnización correspondiente o que dicha propiedad se usó para un fin distinto.
