Los diputados turnaron a comisiones la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para busca elevar a grado constitucional el Estado del Bienestar.
Propuesta que tiene como principio la protección de las personas a lo largo de la vida, para que se les garantice el derecho a la alimentación, al trabajo, salud, educación, cultura, vivienda y seguridad social.
Instituye como obligación del Estado, el garantizar la entrega de apoyos económicos a la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como lo son: personas adultas mayores, con discapacidad y de escasos recursos.
El documento, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, y en la exposición de motivos señala que el sistema jurídico actual no contaba con las herramientas que garantizaran que estos sectores de la población accedan a las necesidades básicas.
Para el caso de los adultos mayores de 68 años e indígenas mayores de 65 años de edad, tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones que se fijen en la ley correspondiente.
Con las personas en condición de discapacidad permanente en la infancia, juventud y aquellas que pertenecen a pueblos originarios (de 65 años en adelante), tendrán derecho a recibir una pensión.
En la propuesta el Ejecutivo federal también se consideró fundamental “contribuir al bienestar social e igualdad por medio de la ampliación de las capacidades asociadas a la educación, fomentando la inscripción y permanencia de las y los mexicanos en sus centros de estudio, así como la igualdad de oportunidades”.
Lo anterior, con el fin de evitar la deserción escolar de los estudiantes y de generar condiciones de equidad entre éstos dentro del sistema educativo nacional, se propone establecer en la Carta Magna la obligatoriedad del Estado para que establezca un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares.
