Con 11 votos a favor y uno en contra del PRI, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados avaló iniciar el proceso de juicio político en contra de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Sedatu, por el desvío de recursos vía universidades, que se dio a conocer en el trabajo periodístico llamado la Estafa Maestra.
Tras culminar la votación, Rocío Barrera copresidenta de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, aseguró que en dicho esquema de desvíos, aún hay 7 mil millones que “no aparecen por ningún lado”, los cuales no han sido justificados y por ello, la Subcomisión inició dicho proceso.
Refirió la diputada morenista que es un proceso largo que, de acuerdo a los plazos, estaría concluyendo hasta el mes de febrero de 2020.
“El trabajo que se está haciendo en esta Subcomisión no solamente es en contra de una persona, sino de todos aquellos funcionarios que no hayan cumplido con las obligaciones y funciones que les fueron conferidas y no solamente de otras administraciones, sino también de esta Cuarta Transformación, que es un precedente que estamos dejando. Es la primera ocasión que se inicia un procedimiento en una Subcomisión de Examen Previo”, destacó Barrera.
En caso de avanzar este proceso contra la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, terminaría en una inhabilitación, que le impediría seguir como funcionaria. El siguiente paso, es que lo atraiga la Sección Instructora, para dictaminar, misma que dará resolución final a este juicio en contra de Robles Berlanga.
Este expediente inició desde el 2013, cuando en aquel entonces, los coordinadores parlamentarios, Silvano Aureoles del PRD, junto al diputado, Luis Alberto Villarreal del PAN, habían presentado la solicitud de juicio político, por el desvío de más de siete mil millones de pesos, circunstancia que finalmente corroboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La actual coordinadora del PRD en Cámara de Diputados, Verónica Juárez señaló que lo aprobado hoy en la Subcomisión de Examen Previo, el dictamen se presentará el día de mañana en las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, para su aprobación.
“Nosotros consideramos que aquí hubo un daño patrimonial sustancial que evitó que estos recursos se destinarán para garantizar derechos que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda. Es decir, esos recursos pudieron haber en mucho servido para garantizarles derechos a mexicanas y mexicanos”, expresó la coordinadora perredista.
Por otra lado, un caso que también se puso sobre la mesa, es el que tiene que ver con los diputados de Baja California, que estuvieron involucrados en la votación de la llamada Ley Bonilla, para que el gobernador extendiera su mandato por cinco años y no por dos años. Juárez Piña y Badillo declararon, que en este, esperarán a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
