Aunque el principado de Andorra investigaba a Juan Collado por lavado de dinero y operaciones millonarias con recursos de origen desconocido del año 2006 al 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo exoneraron de las acusaciones.
Con la PGR dirigida por Raúl Cervantes, el gobierno peñista resolvió que no habían indicios para culpar al abogado, pues no se comprobó ningún delito financiero. Lo mismo señaló Mauricio Moreno Balbuena, quien era director de Procesos Legales de la UIF.
Así, a finales de 2018, Arturo Medel Casquera determinó que el caso de los 83.1 millones de dólares congelados en Andorra era ya una cosa juzgada en México y el abogado no podía ser acusado penalmente por los mismos hechos.
Esto, luego de que en 2015 los fondos de los clientes del Banco Privada d’Andorra (BPA) fueron congelados porque Estados Unidos acusó a tres de sus directivos por el lavado de activos de las mafias rusa y china.
Tras la investigación, el banco transfirió a Vall Banc los fondos que no estaban vinculados con dichos grupos criminales, entre los cuales se encontraban los de Collado.
De acuerdo con una investigación de El País, Collado se justificó alegando que los fondos millonarios se originaron de las 66 sucursales de las casas de empeño de las que era dueño su padre; que tuvo ingresos por 84 millones de euros en 14 años; y de su actividad profesional, sobre la que dijo tener clientes a los que cobraba hasta mil 500 dólares por hora.
Pese a la justificación, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) aseguró que es imposible conocer el origen real de los fondos transferidos, y reveló que en total Juan Collado movió 120 millones de dólares en ese país europeo entre 2006 y 2015.
Finalmente, luego de su captura por la operación de compra del edificio Caja Libertad, una juez del Principado embargó 83.1 millones de dólares a Collado. Además, Unidad de Inteligencia Financiera ex director de de la UIF, es investigado por desbloquear ilegalmente 722 cuentas en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.
