Ingrid Escamilla, de 25 años, oriunda de Puebla, fue víctima de feminicidio el pasado 9 de febrero, cuando su esposo la asesino y luego desolló su cuerpo. La filtración de las fotografías ya ha causado indignación, por lo que la Secretaría de Gobernación, investigará a los medios que publicaron las filtraciones.
El día de la publicación del material gráfico, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó en su cuenta de Twitter: “el feminicidio de Ingrid y las agresiones a muchas otras mujeres, son actos inaceptables e indignantes; condeno enérgicamente estos hechos y a los responsables de publicar imágenes del crimen”.
En este sentido, en el marco de la conferencia matutina hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a esta dependencia, en virtud de las facultades que le confiere la ley en la materia, realizar una valoración exhaustiva respecto a las responsabilidades y consecuencias jurídicas de estos hechos, a fin de que no queden impunes. Una vez desahogados los procedimientos se emitirá la resolución correspondiente.
“Se exhorta a todas autoridades federales, estatales y municipales del país, en especial a las que tienen a su cargo los temas de seguridad pública y de procuración de justicia, para que tomen las medidas de protección a la cadena de custodia que ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que nunca más se vuelvan a filtrar ilegalmente imágenes de las víctimas en este tipo de hechos, especialmente en los casos de feminicidio, y que se apliquen las debidas sanciones a los servidores públicos que resulten responsables”, dijo la Segob en un comunicado.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, y se fortalezca la dignidad y el respeto de las mujeres, así como sancionar a los medios de comunicación que no cumplan con ello.
Adicional a los procedimientos iniciados por la secretaría, se hace un llamado a los medios de comunicación convencionales y digitales, así como a las directivas de las plataformas de redes sociales, para que eviten difundir imágenes de hechos vinculados con feminicidios o de algún otro crimen en los que se haga apología del delito, que impliquen revictimización o que se lucre exhibiendo la imagen de una víctima.
La libertad de expresión y de acceso a la información tiene límites, y uno de ellos es vulnerar la dignidad y la integridad de las víctimas, especialmente de violencia de género.
Además de la normatividad nacional vigente en la materia, cabe recordar que los medios de comunicación tienen el deber de aplicar los compromisos asumidos en el Convenio por la Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, signado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Así como en el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El caso de Ingrid debe ser tomado como un ejemplo de lo que nunca más debe ocurrir, agregó Segob en un comunicado.
En conferencia de prensa el 11 de febrero, la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Nelly Montealegre, informó que la dependencia investiga a 6 servidores públicos, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como de la Fiscalía, por su presunta participación en la filtración de las imágenes y videos del caso.
