Actúa INM con responsabilidad ante la contingencia por COVID-19

Ante la emergencia sanitaria actual por el COVID-19, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), actúa con responsabilidad y salvaguarda la integridad de la población en contexto de migración al procurar garantizar a plenitud sus derechos humanos, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con base en las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, el Instituto implementó la salida de algunas personas migrantes alojadas en las estaciones migratorias y estancias provisionales, a quienes por distintas razones no se había resuelto su situación jurídica.

La medida de evaluar dar salida a las personas migrantes fue atendida de manera continua desde el pasado 21 de marzo, días antes de ser declarada la Fase 2 de la Pandemia de COVID-19- por las Oficinas de Representación en los estados, de acuerdo a la Ley de Migración y su Reglamento, y mediante la alternativa de alojamiento para los solicitantes de refugio.

En las 65 estaciones y albergues migratorios que el INM tiene en el país, con una capacidad de ocupación de 8 mil 524 espacios, fueron alojados en el mes de marzo 3 mil 759 personas migrantes, actualmente albergan a 106.

Además, el INM retomó las políticas emitidas por las distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas en materia de seguridad humana que establecen medidas que pongan a salvo la salud, integridad y vida de la población que se encuentra en causales de riesgo inminente.

A esto se sumó el cierre fronterizo por parte de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que retrasó los retornos asistidos, tal como sucedió en el cruce fronterizo de Talismán, Chiapas, donde se impidió a personas guatemaltecas retornar a su país y provocó molestia en los vecinos de este municipio por la presencia de esta población.

Este cierre de fronteras ocasionó incidentes como el registrado, lamentablemente, en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, donde se provocó un incendio en el que falleció una persona migrante. Por estos hechos, el Ministerio Público consignó ante un Juez de Control, como responsables, a cuatro personas de nacionalidad hondureña.

Por lo que se refiere a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Instituto, derivadas de los sucesos en Tenosique, se dio cumplimiento a éstas a favor de la población migrante con el cierre de la estación, se rehabilitó el lugar y, actualmente, se encuentra sin ocupación.

Además, con el diálogo permanente del INM y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se logró el retorno vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador de 3 mil 653 nacionales de esos países, privilegiándose a los grupos vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y personas extranjeras con riesgos por enfermedades crónicas.

Las organizaciones de asistencia para personas migrantes dependientes de asociaciones religiosas, como la iglesia católica y las iglesias cristianas evangélicas han apoyado en el alojamiento de más de un centenar de ellas en sus albergues. En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones ha realizado traslados aéreos de ciudadanos de los países del norte de Centroamérica.

Las personas migrantes que deseen permanecer albergadas en las estaciones migratorias, podrán hacerlo al poner de manifiesto, ante el Instituto, su voluntad de manera expresa.

Respecto a la repatriación de connacionales procedentes de Estados Unidos, el Instituto los apoya en el retorno a sus comunidades de origen vía terrestre, acción que se realiza con las medidas sanitarias de prevención de contagio e identificación de casos de COVID-19, al momento de su internación.

Los retornos de mexicanos por la frontera de Tamaulipas, una vez que pisan territorio nacional, ejercen a plenitud su derecho al libre tránsito, por lo que el INM respeta su derecho constitucional, señala la Segob.

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