Pese a recomendaciones sanitarias una empresa de bicicletas tenía escondidos a 350 trabajadores: STyFE

La titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Soledad Aragón, informó que derivado de los trabajos de inspección, se identificó que la empresa de bicicletas obligó a más de 300 empleados a trabajar, pese a las recomendaciones sanitarias por Covid-19.

En conferencia de prensa, Soledad Aragón, explicó se han realizado 74 inspecciones extraordinarias, en donde la gran mayoría son por denuncia del trabajador; han dado hás 720 asesorías y en coordinación con el INVEA llevaron a cabo un operativo para revisar que algunos centros de trabajo sean de actividades esenciales.

Ante esto mencionó, “Hemos participado con el INVEA en 13 inspecciones de las cuales se cerraron tres centros de trabajo: un call center, una empresa que se dedica al comercio y una que se dedica a armadura de bicicletas”.

Esta última inspección, se hizo en coordinación con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) y se llevó a cabo el día viernes en un lugar ubicado en la colonia Agrícola Oriental, en donde la titular de STyFE señaló que la empresa tuvo una actitud “muy irresponsable”.

“Acudimos la inspección local de la CDMX y la inspección del Gobierno Federal, a revisar este centro de trabajo. Se sigue proceso de notificación de inspección, pero se identificó que había trabajadores escondidos”, explicó.

En este sentido, durante la revisión los administradores de la empresa se negaron a abrir algunas puertas del centro laboral por más dos horas aproximadamente, por lo que se llamó al personal del INVEA, quien determinó que el establecimiento cerraría por no ser una actividad esencial.

“Ahí fue cuando se vieron obligados a abrir las puertas, y había más de 350 trabajadores escondidos. Entonces estamos procediendo, incluso la Secretaria Luisa María Alcalde lo mencionó en la conferencia mañanera, indicó.

La funcionaria aseguró que se están revisando el tipo de multas a la que la empresa se hará acreedora por la violación a los derechos laborales; pero aclaró que hay un plazo de 30 días para determinar si la empresa cumple o no con los estándares para pasar la inspección.

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