El tipo penal del feminicidio debe estar homologado en todo México: Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro

Es fundamental y prioritario que el tipo penal del feminicidio esté homologado en todo México, con el propósito de que para los 32 estados se sancione del mismo modo y se sostenga un trato igual para todos los feminicidas, así lo aseguró la diputada morenista Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Ante una reunión virtual de la Comisión, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, detalló que la participación del Grupo de Trabajo para el Análisis del Delito de Feminicidio de la Cámara de Diputados así como también la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), permitirá llegar a una propuesta concreta para que se castigue de la misma forma el delito.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, mencionó que se debe robustecer la legislación para proteger con mayor eficacia a las mujeres, para erradicar la impunidad y se sancione con mayor severidad a quien cometa feminicidio.

Aseguró que al momento lo considerado en el artículo 325 del Código Penal Federal vigente, que impone una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa, “es un excelente punto de partida”. Pero se requiere incluir la violencia política y comunitaria como variables previas, así como la incorporación del feminicidio infantil.

En su intervención, la diputada morenista Lorena Villavicencio Ayala, mencionó que el objetivo de este Grupo de Trabajo es generar un tipo penal homologado en cada uno de los congresos locales y en los códigos penales, porque es de esa manera como se cumplirá una de las recomendaciones que hace el Comité sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Asimismo, señaló que en el tema los niñas tienen pocas posibilidades de acudir a la exigencia de justicia, pues tan sólo de 2015 a 2018, se registraron 194 feminicidios infantiles y adolescentes y 671 homicidios dolosos, cifras que evidencian la necesidad de hacer el reconocimiento de este grupo.

Además, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), precisó que se incluyó los espacios docente y laboral como lugares previos a la comisión del delito, pues es donde nacen las relaciones entre agresores y víctimas- Mientras que la diputada Mariana Rodríguez Mier Y Terán (PRI) enfatizó que las comisiones de Igualdad de Género y la de Justicia, junto con los grupos de trabajo, “han recorrido un largo camino para tener un marco jurídico para castigar ejemplarmente a quien comete un feminicidio y la importancia de que haya abogados especialistas en la materia”.

Por su parte la directora general adjunta de Políticas Públicas de la CONAVIM, Lourdes del Carmen Angulo Salazar, mencionó que se debe tener un plan de trabajo y una agenda de los temas que se recogieron en los foros de consulta de los distintos estados, convirtiendo las necesidades en objetivos, estrategias y acciones puntuales.

En este sentido, dentro de los temas que se identificaron está la homologación del tipo penal de feminicidio en los códigos penales de los estados, en donde Javier Contreras, director de área de la CONAVIM, indicó que mediante un monitoreo se revisaron si los códigos penales locales incluyen las razones de género. “Varias entidades reportaron que sí las tienen, pero no como razones de género sino a manera de agravantes, pero hay una grandísima diferencia entre una y la otra”, advirtió.

Por esta razón, planteó que se revise y ponga a discusión una propuesta sobre la posibilidad de una medida cautelar inmediata en donde se pudiera integrar la custodia de las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio a los abuelos maternos. “Creemos que a partir de este tipo de mecanismos se podrían generar dinámicas de justicia y reparación distintas”, indicó.

En tanto en el encuentro virtual, Balbina Hernández Alarcón, de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, manifestó que se tiene el interés de trabajar en lo que sería el programa que defina la política para la erradicación de la violencia.

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