Derivado del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, la Cámara de Diputados y ONU mujeres se unieron para lanzar una campaña eliminar la violencia de género.
De manera conjunta, las instancias hicieron un llamado para “garantizar el derecho a una vida libre, segura e igualitaria para todas las niñas, jóvenes y mujeres en el país”.
Tras la pandemia de Covid-19 que obligó a confinarnos en casa para evitar los contagios, tanto las mujeres, las jóvenes y niñas, se han visto en riesgo de sufrir algún tipo de maltrato.
“Sumarnos para construir unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género”, es en lo que coincidieron ambas instancias.
La iniciativa surgió del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, integrado por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, presidentas de diversas comisiones y diputadas de todos los grupos parlamentarios representados en San Lázaro, quienes trabajan en favor de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres; así como también en impulsar la agenda de igualdad de género.
De acuerdo con los datos de ONU mujeres, “tan sólo en México el 28 por ciento de los hogares tienen una jefatura femenina y también seis de cada 10 mujeres se desempeñan en el sector informal, lo que vulnera sus garantías de protección y seguridad social, que además se agravan en una crisis como la actual”.
Además, los datos arrojan que nuestro país las mujeres realizan importantes labores de trabajo de cuidados y doméstico no remunerado, es decir, promedio dedican el triple de horas a la semana que los hombres (39 horas frente a 13 horas que dedican los hombres).
Ahora bien, en el contexto de la pandemia, el cierre temporal de escuelas y de guarderías, así como el aumento en la demanda de cuidados a personas enfermas, ha generado una carga adicional en las mujeres que limita aún más su autonomía económica, aun cuando estas actividades deben repartirse de forma igualitaria entre hombres y mujeres.
Por ello, “el organismo internacional recomienda que desde todos los poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se refuercen las medidas de protección social y de corresponsabilidad en los cuidados y que los programas sociales contengan acciones afirmativas para beneficiar a las mujeres que están en situación de especial vulnerabilidad”.
