El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmaron un convenio de colaboración para establecer una agenda común de trabajo en temas relacionados con el régimen de prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
El convenio , que fue firmado por Carlos Salazar Lomelín, Presidente del CCE, y Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, viene a ratificar y formalizar el trabajo conjunto que han desarrollado ambas instituciones en difusión, prevención y capacitación a las empresas para el cumplimiento de la normativa en la materia.
“El CCE ha trabajado intensamente para generar conciencia en el sector sobre la relevancia de la cultura de ética, integridad y legalidad en la gestión de los negocios, así como la relevancia de cumplir con todas las obligaciones normativas y fiscales. Como parte de este compromiso, promueve activamente el Código de Integridad y Ética empresarial y el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo”, informó el órgano empresarial en un comunicado.
Asimismo, se aseguró que se ha incorporado el compromiso de “Ser ejemplo de integridad y ética” como uno de los 10 principios de Dimensión Social de las empresas, con el que cientos de compañías se han identificado desde su lanzamiento. En la relación con la autoridad, el CCE siempre ha colaborado para aportar análisis y precisión en la normativa aplicable a las empresas, así como facilitar el cumplimiento de la misma por parte de sus agremiados.
A partir de este convenio, dijo el CCE, se realizarán mesas de trabajo específicas para dar seguimiento a temas de interés y preocupación del sector empresarial y de la UIF, así como actividades de sensibilización y capacitación. Administración, se trabajará en conjunto en el análisis de la normativa aplicable a las empresas para proponer adecuaciones o reformas en caso de ser necesarias.
Durante el evento, los titulares de ambas dependencias coincidieron en generar acciones conjuntas para incrementar la bancarización de la economía, que en México es únicamente del 37%. Esto apoyaría a la formalización, y evitaría la vulnerabilidad que genera el efectivo.
Santiago Nieto destacó también la relevancia de seguir la huella financiera que pueda generar competencia desleal para los empresarios. Por su parte, Carlos Salazar expresó la importancia de la colaboración público privada para fortalecer la cultura de la legalidad.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), también firmaron un Convenio de Colaboración para establecer bases y mecanismos de cooperación, con actividades de carácter académico que propicien
Espacios de análisis, reflexión, actualización y divulgación, desde sus respectivos ámbitos de competencia, en materia de prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) y financiamiento al terrorismo (FT).
El convenio signado entre Santiago Nieto Castillo, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la COPARMEX (con el secretario Arturo Herrera Gutiérrez como testigo de honor) busca desarrollar una colaboración mutua para atender y orientar el debido cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Ello en el segmento de actividades denominadas vulnerables, realizadas por las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) afiliadas al Sindicato Patronal, a través de mesas de diálogo, foros, congresos educativos, conferencias, así como la edición conjunta de materiales de divulgación, con los que se impacte directamente en la prevención y combate de los delitos ya referidos.
La persecución y castigo a los delitos de ORPI y FT se ha intensificado durante los últimos años a nivel mundial, debido a la afectación que los mismos provocan en el plano económico, comercial y de seguridad social. Ante ello, diversos países han tenido que implementar procedimientos de investigación transfronterizos para detectar la red de empresas y personas físicas implicadas.
Las actividades vulnerables son susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero o financiar al terrorismo. El modo de operar de las organizaciones delictivas a nivel internacional, refleja un constante apego y mayor involucramiento con el sector formal de la economía, intentando disfrazar u ocultar la ilegítima procedencia de los recursos.
Las personas físicas o morales que se dediquen a realizar actividades vulnerables en nuestro país, están sujetos a la LFPIORPI, y deben cumplir con las obligaciones establecidas en dicha legislación, para evitar afectaciones como la cancelación y revocación de licencias, permisos o patentes que les permitan realizar su actividad económica, además de la posibilidad de ser sancionados por la autoridad competente, con la imposición de multas o procedimientos administrativos de ejecución.
“El presente convenio pretende dar testimonio de la necesaria colaboración que debemos mantener las empresas, las organizaciones empresariales y las entidades públicas, en un tema que nos une, que es prevenir las actividades ilícitas, especialmente en cuanto tienen que ver con el lavado de dinero. Lo digo de manera categórica, estamos en toda la lógica de apoyar proactivamente, en los hechos, en lo cotidiano, en todos los esfuerzos que realice el Gobierno Federal, para asegurarnos de la legalidad y legitimidad de las transacciones que se realizan en todo el sistema empresarial y financiero mexicano”, señaló De Hoyos Walther.
Por su parte, Nieto Castillo indicó que el Estado mexicano respalda y colabora con las autoridades y dirigentes empresariales en la República, principalmente en el desmantelamiento de las empresas fachada, que se han constituido y se han convertido en un mecanismo contrario a los intereses del empresariado mexicano, además de que son una competencia desleal.
En su turno, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, señaló que difícilmente podría haber un tema más obvio que los haya convocado, que el de asegurarse de que el sector privado y todos los sectores económicos trabajen en un marco de legalidad, no sólo en cuanto a las implicaciones tributarias, también en el marco de competencia adecuado.
“Esta es una iniciativa muy sencilla, pero puede ser extraordinariamente poderosa, porque no solamente ayudará a prevenir el delito, sino a generar estándares más robustos, y generar una base más sólida para el crecimiento del sector privado y de la economía mexicana”, agregó el Herrera Gutiérrez.
“Este será un acuerdo muy importante, una prueba muy ilustrativa de la relación constructiva que puede haber entre el sector privado y el Gobierno Federal. Tenemos grandes esperanzas de que funcione y le vamos a estar dando seguimiento desde ahora”,
Finalizó el secretario de Hacienda y Crédito Público. Por todo lo anterior, la firma del presente Convenio de Colaboración brinda transparencia, legalidad y formalidad a la relación institucional entre la COPARMEX y la UIF, dotando de información actualizada y de primera mano a los 36 mil socios del Sindicato Patronal, respecto a la aplicación de las obligaciones y regulaciones que tenemos como empresarios, contribuyentes y ciudadanos, ante la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
