La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y diputadas federales presentaron al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a legisladores locales, la propuesta de tipo penal homologado del delito de feminicidio.
La legisladora Laura Rojas subrayó la necesidad de lograr la homologación, porque se trata de un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género y construir un país más justo e inclusivo. Resaltó que ese delito es del fuero común, por eso la importancia de que se trabaje en los códigos penales locales.
“El asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo es resultado de una sociedad machista, misógina y profundamente violenta. Desafortunadamente, en la sociedad no sólo se han normalizado los abusos hacia las mujeres, sino que se aprende, practica y ejerce la desigualdad y la discriminación”.
Dijo que hay un contexto de permisibilidad del Estado que, por acción u omisión, no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar la vida y protección de las mujeres. “Muchas son violadas, torturadas, mutiladas y tiradas como bultos de basura en las calles, otras más asesinadas por sus parejas con saña, crueldad y odio”.
La diputada Laura Rojas expuso los siguientes datos, dados por la propia Fiscalía General de la República (FGR):
• Entre 2015 y 2020, el delito de feminicidio creció 137 por ciento; es decir, cuatro veces más que el resto de los homicidios.
• El 66 por ciento de las mexicanas ha sufrido violencia y el 44 por ciento de mujeres en una relación, ha enfrentado agresiones de su esposo o pareja.
• Cada hora, mil 250 mujeres son violentadas y sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual en calles, escuelas, centros laborales o en sus casas.
• El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en 2019 se iniciaron, cada día, 559 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar y 279 mujeres recibieron atención médica por lesiones.
Además, la diputada indicó que la actual crisis por el COVID-19 puso a mujeres y niñas en mayor riesgo de sufrir violencia. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, desde que comenzaron las medidas de confinamiento las violencias se incrementaron 81 por ciento. Asimismo, de marzo a junio se atendieron 329 mil 944 llamadas de emergencia al 9-1-1, por incidentes de violencia de pareja e intrafamiliar.
La vergonzosa realidad, subrayó, demanda trabajar con firmeza y voluntad política. Resaltó que la propuesta de homologar el tipo penal de feminicidio servirá para que el delito se investigue, persiga, sancione y repare de la misma forma en todo el país.
Detrás de la propuesta, añadió, está el trabajo de muchas mujeres y hombres en el gobierno, la academia y organizaciones de la sociedad civil que creen y apuestan a un México diferente.
Finalmente, destacó la labor conjunta de la Comisión de Justicia, del Grupo Plural de Trabajo por la Igualdad Sustantiva, y de la Fiscalía General de la República, por el esfuerzo institucional impulsado desde la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como por todos los grupos parlamentarios y sus coordinadores.
“Como mexicana y legisladora, pero sobre todo como mujer, tengo esperanza de que este trabajo dé frutos y que pronto tengamos un sólo tipo penal de feminicidio eficiente”, concluyó.
En tanto, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, subrayó que este ejercicio fue una labor encomiable entre las diputadas y la Fiscalía, que demuestra que se pueden unir fuerzas para lograr algo en favor de un género que está maltratado y que ha sido lastimado y sacrificado.
Consideró el hecho como inédito, porque agrupó a todas las legislaturas locales, con el fin de hacer lo que se tiene que hacer en todo el país: tener un criterio jurídico homologado para las mexicanas que sufren muerte por violencia.
Dijo que el proyecto de tipo penal es sólido; sin embargo, planteó agregar: “en la investigación de todos los hechos en los que se prive de la vida con violencia a una mujer, el Ministerio Público está obligado a constatar si existe alguna de las razones de género previstas en este artículo, para que en su caso se apliquen”.
Explicó que se trata de obligar al Ministerio Público de que cada vez que haya una muerte violenta de una mujer, tengan que ir a este tipo penal, independientemente del homicidio, para ver si es posible lograr el castigo suficiente.
“Sabemos los problemas de integración de los agentes de todo el país, y hay que obligarlos a que en todos los casos de muerte violenta acudan a esta figura legal para ver que se aplique la mayor pena a quien cometa el delito”, comentó.
“Estamos juntos y cuando lleguen a una conclusión, mi compromiso es someter a todos los fiscales del país a este nuevo criterio para establecer las nuevas obligaciones en el fuero común”, finalizó.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez (PAN), detalló los siguientes puntos de la propuesta de homologación:
• Se retoma como base el tipo penal contenido en el artículo 325 del Código Penal Federal.
• Conducta principal: privación de la vida de una mujer por razones de género.
• Sanción: de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil días multa y se contemplan circunstancias agravantes.
• A diferencia de la redacción actual del tipo penal federal, se plantea que el delito se actualice con la concurrencia de una sola razón de género.
• Incorpora la circunstancia en el tipo penal de feminicidio, dado que en el ámbito local la mayoría de estos casos imputan como homicidio en razón de parentesco.
Al respecto, el presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), Leopoldo Domínguez González, expresó que las cifras de feminicidios estremecen. La postura, dijo, es a favor de la homologación del tipo penal. “Nos daremos a la tarea de cabildear la propuesta que tendrá una gran recepción y que, sin duda, estará lista para votarse a favor en los congresos locales”.
Por su parte, la coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), señaló la importancia de mejorar los marcos legales e instituciones para garantizar el derecho a la justicia. Además de la homologación, dijo, hay que revisar el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal, porque “hay homicidios que no se valoran como feminicidios y hay un subregistro que genera impunidad”.
En su intervención, la integrante de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío Villarauz Martínez (Morena) consideró necesario fortalecer las capacidades técnicas de las fiscalías estatales y trabajar con perspectiva de género. “Hay que robustecer el marco legal y esta propuesta para los congresos locales se hace con pleno respeto, pero con la intención de abonar a la justicia para mujeres y niñas”.
En tanto, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano, comentó que la propuesta de homologación es altamente pertinente, porque abonaría a eliminar la impunidad, evitar el subregistro y ayudaría a que cualquier muerte violenta de alguna mujer se considere como feminicidio.
