A diez años de los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes centro y sudamericanos a manos de Los Zetas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que enviará al Senado el aval del Poder Ejecutivo para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda intervenir en casos de desaparición forzada y violación a los derechos humanos.
“Estamos por enviar al Senado, hoy mismo, una aprobación del Ejecutivo, es decir, nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada o forzosa, en todo lo que es violanción de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU”, declaró.
La denominada “Masacre de San Fernando” ocurrió entre el 22 y 23 de agosto de 2010? en el ejido de El Huizachal del municipio tamaulipeco de San Fernando. Los 72 ejecutados eran 58 hombres y 14 mujeres que ? fueron en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica, quienes venían de Veracruz con el fin de llegar a los Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones, fueron secuestrados cuando viajaban en dos camiones. Tras negarse a pagarle a sus captores o ingresar al grupo delictivo de Los Zetas, que entonces operaba en la trata de blancas, el secuestro, entre otros ilícitos ajenos al narcotráfico, los migrantes fueron asesinados por la espalda, para posteriormente ser apilados y puestos a la intemperie. Una persona de origen Hondureño, quien logró escapar, avisó a las autoridades.
A diez años de los trágicos hechos, que desataron una oleada de reacciones internacionales, los abogados y familiares de las víctimas han declarado a los medios de comunicación que “la indignación dio paso al olvido y la impunidad”, pues hay 15 detenidos, pero ninguno con sentencia por esta matanza.
“Verdaderamente es indignante que ni uno solo tenga condena porque ya son diez años sin justicia”, comentó al periódico La Jornada, desde Honduras, Johni Hernández, hermano de Eva Noemí, una de las víctimas. En tanto, la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, que representa a 11 de las familias de las personas asesinadas, dijo al mismo medio: “Lo que puede resumir el estatus del caso es la impunidad, desdén y falta de voluntad política”.
Por su parte, el sábado pasado el papa Francisco recordó el décimo aniversario de la masacre en San Fernando y manifestó su apoyo a los familiares que reclaman justicia.
“Expreso mi solidaridad a las familias de las víctimas que todavía hoy invocan justicia y verdad sobre lo sucedido. El Señor nos pedirá cuentas de todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza. Han sido víctimas de la cultura del descarte”, declaró.
Cabe recordar que, según las investigaciones, el crimen ocurrió a menos de 150 km de la frontera con Estados Unidos.
