Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) en Jalisco, comentó que el estado, sobre todo en los últimos años, ha tenido un incremento considerable en los hallazgos de fosas clandestinas, las cuales muchas de ellas cuentan con más de 20, 50 e incluso más de 100 cuerpos.
Durante la transmisión radiofónica de A Barlovento Informa, Chimiak informó que tal es el caso de la fosa ubicada en el Salto del predio los Sabinos en la que se localizaron 113 cuerpos, “es la primera gran fosa clandestina que ha sido localizada en Jalisco”, seguida por la fosa que se encontró en el municipio de Tlajomulco, explorada desde finales de 2019 y principios de 2020, en la que se hallaron 104 cuerpos; o la tercera que se ubicó en el municipio de la Barca entre la frontera de Michoacán y Jalisco, en donde para 2013 se encontraron más de 76 cuerpos.
“Jalisco ya de manera consecutiva en dos informes del gobierno federal ha ocupado primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de los cuerpos encontrados. No ocupa el primer lugar en cuanto al número de fosas clandestinas halladas, debido a que estas fosas son efectivamente mucho más grandes”, señaló.
“La verdad el contexto es sumamente grave”, enfatizó Chimiak, al tiempo en el que dio a conocer que la respuesta de las autoridades deja mucho que desear, puesto que en muchas ocasiones le adjudican estos hallazgos a los resultados que dejan los trabajos en cuanto a los procesos de investigación y a toda la política en materia de seguridad.
Asimismo, en ocasiones se maneja la versión de que los hallazgos de estos cuerpos no corresponden a la actual administración, ya que son resultado de las dinámicas delictivas implementadas en sexenios pasados. “O incluso lo que ahora señaló en el informe anual de la situación de seguridad en el estado, el gobernador (Enrique Alfaro) es que justo los cuerpos localizados en fosas, al contrario de la política nacional, no se clasifican como las víctimas de homicidio”, detalló.
Explicó que en Jalisco, hay distintos colectivos, de los cuales unos se dedican directamente a la acción de búsqueda de personas desaparecidas y están presentes en las fosas clandestinas; mientras que otros le dan seguimiento a los procesos de identificación forense. “No obstante se han identificado varias irregularidades y problemas sobre todo en cuanto al trato que se les da a las familias”, señaló.
Está el caso en el que durante este último informe en materia de desapariciones, el gobernador Alfaro, no invitó a los colectivos y a los familiares de personas desaparecidas para escuchar su voz sobre cuál es la realidad que viven las familias. “La situación y sobre todo fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, es la verdad una situación muy alarmante muy preocupante”, indicó.
Comentó que cuentan con testimonios de las propias familias, en el que muchos de los casos las autoridades no les dan el debido seguimiento. “En esta situación en cuanto a las fosas, sabemos que en varias regiones muchos familiares encuentran las fosas, las denuncian ante la Fiscalía, ante el 911, comentan con otras autoridades, con otros actores, no obstante, no se procesa, no se da seguimiento o acuden a los lugares y parece que ya no se encuentran cuerpos mientras que las familias mismas vieron las partes de cuerpos ahí”, detalla.
Además, resaltó que otra de las preocupaciones que existe ante el actuar de las autoridades es con respecto “al resguardo de los cuerpos ante la acumulación y saturación por parte de los efectos de la violencia de las víctimas de homicidios y personas localizadas en las fosas clandestinas”. “En Jalisco no se reconoce que hay un problema, que hay una crisis forense”, advirtió.
De acuerdo con información obtenida mediante solicitudes al portal de Acceso a la Información y los mismos testimonios de las familias, dan a conocer que desde hace mucho la capacidad institucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para resguardar de manera digna y adecuada a las personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas, ha sido rebasada desde hace mucho tiempo.
“Las autoridades dicen que actualmente se encuentran en resguardo más o menos 300, 400 cuerpos, con la capacidad de alrededor de 700 cuerpos por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mientras tanto en el mes de julio nos respondieron a la organización que bajo resguardo se encontraban casi 1500 cuerpos. Recientemente los medios de comunicación han difundido la cifra de más de 1900 cuerpos bajo resguardo, lo cual es más de dos veces la capacidad”, enfatizó.
Otro aspecto que resaltó es se detectaron deficiencias en los actos de identificación, cuestiones en los registros de trazabilidad, así como los procesos adecuados y plenos de investigación correspondiente, sobre todo en cuanto a la coordinación tanto de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde no se cuenta con la información relacionada con los procesos de investigación. “Por todas esas omisiones se responsabiliza al Instituto Jalisciense, cuando la responsabilidad del seguimiento legal de los cuerpos es de la propia Fiscalía”, puntualizó.
Además, explicó que esto trae consecuencias en cuanto a la inhumación de los cuerpos, ya que en muchas ocasiones se concluyen los procesos sin identificación plena de los cuerpos. “A la fecha no se cuenta con un amplio panteón forense en Jalisco que pudiera que pudiera dar respuesta y atender esta grave situación forense que se da en el estado”, declaró Chimak.
Agregó que “Tampoco se han cumplido las promesas, los compromisos desde las autoridades federales el año pasado, donde se hizo la planeación y asignó la construcción de dos panteones forenses en Jalisco, y pues a la fecha no se ha dado seguimiento a ese compromiso”.
Asimismo, otro de los temas que causa signos muy alarmantes es el tema de la “revictimización”, en donde los familiares de los desaparecidos acuden ante las autoridades correspondientes, pero no hay un seguimiento formal a estas situaciones. Además, de que se han dado casos en el que se criminaliza por ejemplo a las personas que son localizadas en las fosas.
“Lo que hemos identificado en el gobierno de Jalisco es que hay una muy presente criminalización en las personas desaparecidas, para justificar la falta de avances, para también demostrar de cierta manera que estas personas merecían ser desaparecidas, sin tener presente que cada persona tiene derecho de ser buscada y hay obligación de que se busque a las personas y que se investiguen sus casos”, detalló.
A su vez, puso énfasis en que lo que verdaderamente urge en Jalisco es contar con una Ley estatal en materia de desapariciones, la cual pudiera definir de manera muy clara y precisa cuales son los procesos referentes a la coordinación interinstitucional y en concreto en materia tanto de la búsqueda forense y los procesos de identificación de los restos; así como también de los procesos de investigación correspondientes para que los casos no queden en la impunidad.
De igual forma, Anna Karolina Chimak, dio a conocer que hay una buena noticia en cuanto al avance que se tiene en el proceso legislativo en materia de desaparición, en donde en octubre de 2019, Alfaro Ramírez presentó tres iniciativas de Ley ante el Congreso, y para el mes de enero se lograron realizar mesas de trabajo para cada una de las iniciativas.
Se trata de la Ley de Personas Desaparecidas en el estado de Jalisco, una que tiene que ver con la atención a víctimas y la Ley de declaración de ausencia por desaparición. En este sentido, Chimak comentó que se iniciaron con los compromisos, y aunque con altibajos para el mes de septiembre se logró crear una Subcomisión Especial de Derechos Humanos para atender iniciativas de ley, así como también para octubre se iniciaron mesas técnicas de trabajo para la revisión de las leyes en la materia. “Logramos esa dinámica participativa, logramos un proceso de escucha donde las familias expresan necesidades y experiencias”, informó.
