Este miércoles en la Sala de Plenos en San Lázaro se aprobó que el 9 de diciembre de cada año sea declarado como el “Día Nacional contra la Corrupción”; el dictamen fue turnado ante la Cámara Alta para sus efectos Constitucionales.
De acuerdo con el dictamen, se fija esta fecha con el objeto de que se rinda un informe de las acciones y avances, así como la eficacia y eficiencia de las políticas gubernamentales y reformas legales para combatir la corrupción en todas las instancias de gobierno, sin filias políticas.
Cabe destacar que datos del Instituto Mexicano para la Competitividad reflejan que 88 por ciento de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública puntualizó que en 2019 se había registrado un aumento del 40 por ciento en las denuncias por este tipo de conductas.
En este sentido, con 472 votos a favor, una abstención y uno contra pasó el dictamen que pretende fijar el 9 de diciembre, como el día en que se celebre uno de los pilares de la actual administración encabezada por André Manuel López Obrador: la lucha contra la Corrupción.
Durante la argumentación del dictamen, el diputado morenista César Agustín Hernández Pérez enfatizó que es muy necesario declarar este día a la contienda que se tiene frente a la Corrupción.
“Desde 2012 México ha aumentado de nivel en corrupción, pues de ocupar el lugar 105, seis años después subió 33 sitios y actualmente tiene el quinto peor lugar en el Continente Americano, sólo por delante de Venezuela, Haití, Nicaragua y Guatemala”, indicó.
Asimismo, datos del INEGI señalan que el costo total por actos de corrupción, en 2017, fue de siete mil 200 millones de pesos. “Como se podrá apreciar, este combate es una labor indispensable, prioritaria y permanente en el que todos debemos involucrarnos”, indicó el legislador.
Además, puntualizó que el Estado ha dado pasos importantes para combatirla, ejemplo de ello es el Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, se tienen que implementar mejores políticas y acciones que contribuyan a erradicarla.
“La participación de la sociedad es importante; por ello, se plantea esta propuesta como una medida que promueva integridad, honestidad en el servicio público, así como la obligación de rendir cuentas”, añadió.
