El pasado mes de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que presentó una iniciativa ante el Congreso para regularizar y poner en orden el tema del outsourcing, o subcontratación, para evitar que se siga afectando a los trabajadores.
Sin embargo, la mañana de este miércoles desde Palacio Nacional, el mandatario precisó que mejor se pospondrá este tema en las aulas legislativas, para que el Gobierno en conjunto con el sector empresarial y obrero, puedan hablar sobre dicha problemática y llegar a conclusiones que beneficien a todas las partes.
Ante esta decisión, el día de hoy la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, presentó un acuerdo que propone lo siguiente:
1- Las partes se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación del personal. Las empresas del país empezarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.
2- El esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo, en la que no se podrá subcontratar personal no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una conversación abierta entre los sectores, para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago; se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa.
3- Las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso, por eso se le solicita respetuosamente al Poder Legislativo que se pueda posponer al mes de febrero del 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señala como preferente, para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse.
4- Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas, para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja de manera masiva en diciembre; de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos se procederá de inmediato administrativamente o penalmente.
Después de exponer dicho análisis, el último en hablar durante esta conferencia de prensa fue Carlos Salazar, representante de los empresarios, quien celebró que se esté llevando a cabo esta discusión entre el Poder Ejecutivo y los distintos sectores de la sociedad, para que se beneficie principalmente al trabajador.
“Nosotros privilegiamos el diálogo. Es obvio que podemos tener puntos de vista distintos, pero lo que siempre vamos a querer es el bienestar de los trabajadores, nos interesa que los trabajadores siempre vayan mejor, que los trabajadores reciban lo que les corresponde de acuerdo a su esfuerzo; y que de alguna manera el trabajo, el cual nosotros privilegiamos siempre sea la orientación de cualquier empresario de cualquier rincón del país”, comentó.
Finalmente, Salazar festejó que se haya postergado este tema en las aulas legislativas, con el fin de realizar una propuesta mucho más robusta que pueda adaptarse de la mejor manera a la estructura de las empresas, así como a los intereses de los trabajadores.
“Estoy seguro que la conclusión que presentará el Ejecutivo en la cámara de Diputados será mucho mejor a la que originalmente partimos”, detalló.
Cabe señalar que dicho acuerdo que fue firmado esta mañana en conferencia de prensa, no solo fue avalado por el presidente de México y la secretaría del Trabajo, sino también por Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público; Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación; y por Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria.
Además, por Zoé Robledo, director general del IMSS; Carlos Martínez, director general del Infonavit; Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Carlos Aceves, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México.
