El Parlamento venezolano aprobó el sábado pasado, extender por un año sus funciones así como la presidencia legislativa del opositor, Juan Guaidó, aún cuando la Constitución dicta que deben terminar en enero de 2021.
“La continuidad constitucional será ejercida (…) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021”, dice el texto promulgado por la Cámara.
Esta continuidad, que no está mencionada en la Constitución, será ejercida por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora que fue escogida en 2015 y por Guaidó, que se autoproclamó mandatario interino en enero de 2019.
En una sesión parlamentaria virtual, los diputados acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición que ellos mismos aprobaron en 2019 con el objetivo de sacar a Maduro del poder y convocar a elecciones presidenciales, ambas tareas pendientes.
La reforma elimina los artículos relacionados con la creación de un Centro de Gobierno provisional, una instancia que ha estado encabezada por el opositor Leopoldo López, el líder del partido Voluntad Popular (VP) condenado a 14 años de cárcel y que escapó a España hace algunas semanas.
Asimismo, el texto rechaza las elecciones legislativas celebradas el pasado día 6 de diciembre en las que no participaron los líderes tradicionales de la oposición al considerarlas fraudulentas, que ganó el chavismo con holgura en medio de una alta abstención y cuestionamiento internacional a su transparencia.
Guaidó, que en enero de 2019 prometió conseguir “el cese de la usurpación” de Maduro y nuevas elecciones presidenciales, tendrá ahora un año más como líder del Parlamento y mandatario interino, al menos con el reconocimiento de la mayoría de diputados opositores.
Sin embargo, el 5 de enero de 2021, como obliga la Constitución, se instalará la nueva AN de contundente mayoría chavista.
La reforma aprobada este sábado faculta a Guaidó para promover dentro y fuera del país la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, “propiciar la reversión de la crisis humanitaria” que vive Venezuela, así como defender los derechos humanos.
Además, Guaidó podrá pedir a la Comisión Delegada, y no al pleno, “la reglamentación total o parcial de las leyes”, así como el nombramiento y remoción de altos funcionarios.
Con información de EFE, DW, El Nacional.
