El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán concedió una suspensión provisional contra el proyecto Tren Maya para que las autoridades del Gobierno Federal y estatal se abstengan de realizar obras públicas nuevas en lo que se decide la suspensión definitiva y el juicio.
De acuerdo con la información, personas habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, el pasado julio de 2020 decidieron promover un juicio de amparo por la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto, el cual está bajo la responsabilidad de la Semarnat y Fonatur, realizada el 2 y 3 de julio del mismo año.
“La Semarnat aprobó la MIA del proyecto Tren Maya el pasado 30 de noviembre, autorizando al Fonatur la ejecución de las obras nuevas en cualquier momento. En el resolutivo que aprueba la MIA del proyecto, la Semarnat reconoció la ausencia de información durante la consulta pública, y que fue responsabilidad de Fonatur el no poner a disposición de la autoridad ambiental toda la información del proyecto”, reza un comunicado de la organización por derechos humanos, Kanan, así como por la asamblea indígena Múuch´Xiinbal.
Ante esta situación, los habitantes de las comunidades decidieron ampliar el amparo inicial en contra de la aprobación de la MIA. Argumentan que ésta se dio “sin haber garantizado toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental en la materia”.
“Ambas autoridades fueron demandadas como responsables al incumplir con sus obligaciones en pro de la protección del medio ambiente, la transparencia, el acceso a la información y la participación pública durante el proceso de consulta”, señala el texto.
De esta manera, el Juzgado decidió conceder la suspensión provisional del proyecto para efecto de que las autoridades se abstengan de ejecutar obras nuevas en los municipios donde habitan las personas quejosas.
“Con esto, las agrupaciones esperamos que se mantenga la suspensión provisional y el juzgado conceda la definitiva. Asimismo, instamos a las autoridades federales a cumplir con las resoluciones judiciales”, concluyen.
