La Secretaría de la Función Pública (SFP), que preside Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, inhabilitó e impuso multa a la empresa arrendadora de automóviles Jet Van Car Rental S.A de C.V por incumplimiento en contrato con el Servicio de Protección Federal.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, luego de una cuidadosa investigación, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal determinó que la compañía Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. incumplió el contrato que le había sido otorgado para la renta de vehículos, al no cumplir con las especificaciones técnicas que requerían los automóviles solicitados.
“El contrato señalaba que el servicio sería prestado con vehículos seminuevos, modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, que no tuvieran más 40 mil kilómetros en el odómetro. Sin embargo, la investigación confirmó que proporcionó 13 unidades con kilometraje superior al especificado y al menos una unidad de mayor antigüedad”, especificó la dependencia.
En este sentido, esta información derivó de una auditoría realizada en 2019 por la Función Pública referente a adquisiciones, arrendamientos y servicios, de la que se desprendieron indicios de un probable incumplimiento de contrato.
Por ello, la SFP resolvió sancionar a la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. con inhabilitación por un año y multa económica por un millón 433 mil 874 pesos, por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal.
La sanción ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además la titular de la Función Pública aseguró que “estas medidas ratifican la estricta y permanente vigilancia de la Función Pública en todas las adquisiciones gubernamentales, con el propósito de asegurar que las contrataciones de verdad otorguen un beneficio a la sociedad”.
Cabe destacar que en febrero de 2020, por primera vez en su historia, la SFP publicó el Informe de Fiscalización de la Función Pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia democrático-expansiva y la rendición de cuentas en México, en el que da a conocer las acciones realizadas para promover una nueva ética pública con austeridad republicana, probidad, eficacia y legalidad en la Administración Pública Federal (APF).
“Estas sanciones buscan inhibir las malas prácticas, pero también recuerdan la
Relevancia de impulsar una nueva relación del Gobierno de México con el sector privado, basada en la ética y la confianza, tal y como ya realiza la Función Pública con programas como el Padrón de Integridad Empresarial”, afirmó la funcionaria.
