En el sexenio de Enrique Peña Nieto la utilización de empresas fantasma para desvió de recursos públicos se convirtió en un esquema estructural; recordemos el caso de la “Estafa Maestra” o del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Hoy sale a la luz una situación similar, pero de parte de los diputados entre los años 2013 y 2018.
De acuerdo con una investigación de “EL PAÍS”, escrita por la periodista Zorayda Gallegos, reveló que en este periodo de años hubo un desfalco del erario por parte de diputados mexicanos, con el cual se desvió 506,5 millones de pesos, que representó 30,6 millones de dólares al tipo de cambio de ese entonces, a través de una triangulación con 130 empresas que posteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló por haber simulado sus operaciones.
La investigación señala, que según una base de datos del SAT a la que tuvo acceso EL PAÍS, “los servicios que facturaron dichas empresas van desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias; así también desviaron a firmas fantasma recursos de la partida económica que reciben para sus labores de gestoría social y que eran para la adquisición de colchonetas, sillas de ruedas y despensas destinadas a apoyar a los ciudadanos de sus distritos.
No obstante, en los comprobantes fiscales entregados por el SAT no se identifica un nombre o qué instancia administrativa realizó las compras documentadas. Al momento todavía se desconoce quienes son los legisladores que incurrieron en este desfalco millonario.
Con el cambio de administración, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador emprendió una cruzada contra las facturas falsas que se usan para evadir el pago de impuestos. El año pasado anunció que su administración presentaría denuncias penales en contra de 43 empresas conocidas como “factureras”, las cuales estaban señaladas por evasión al fisco con más de 2.700 millones de dólares.
El primer mandatario impulsó una reforma para endurecer las sanciones en contra de este tipo de fraudes. Para finales de 2019, publicó un decreto que tipifica la defraudación fiscal y la compra o venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada; lo cual representa que quien sea encontrado culpable puede pasar en la cárcel de dos a nueve años, y si es un servidor público en funciones, podría ser despedido e inhabilitado hasta 10 años.
Cabe destacar que en la 62 legislatura, en funciones del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015, y en la 63 legislatura, que funcionó del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, aparecen personajes como Luis Alberto Villarreal y Marko Cortés del PAN; Silvano Aureoles y Francisco Martínez Neri del PRD; Manlio Fabio Beltrones y César Camacho del PRI.
La investigación completa se puede encontrar en el siguiente enlace: https://elpais.com/mexico/2021-01-27/los-diputados-mexicanos-desviaron-506-millones-de-pesos-a-130-empresas-fantasma-entre-2013-y-2018.html
