Con la finalidad de reforzar los mecanismos para garantizar los derechos relativos a su integridad, dignidad, referencia y certeza jurídica de las personas adultas mayores, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Por consenso de 460 votos, los legisladores aprobaron el dictamen que prevé modificar la citada ley, en donde se incluye a los órganos constitucionales autónomos y las instituciones del sistema financiero, así como quienes ejercen la función notarial y registral en las entidades federativas, para que apliquen y den seguimiento a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Además, establece que “el derecho a la certeza jurídica y al recibir asesoría de forma gratuita”, en la que se incorpore la herramienta de la suplencia de la queja deficiente como un elemento de protección del patrimonio familiar y personal. El dictamen fue turnado ante el Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Para su fundamentación, de Movimiento Ciudadano (MC) la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón señaló que, “de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población para el 2050, 32.4 millones de mexicanas y mexicanos serán personas adultas mayores, y a pesar de los avances en la legislación y las políticas públicas focalizadas a este sector de la población más de la mitad se enfrenta a condiciones de pobreza y pobreza extrema”.
Por ello, esta reforma busca fortalecer los mecanismos que garanticen los derechos relativos a su integridad, dignidad, referencia y certeza jurídica. “Las personas adultas mayores deben recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento administrativo o judicial que los involucre, así como el apoyo de las instituciones federales, estatales, municipales y órganos autónomos en el ejercicio y respeto de sus derechos”, indicó.
Por su parte, la diputada de Morena, Claudia Tello Espinosa resaltó que el objetivo es incluir a los órganos constitucionales autónomos en la aplicación y seguimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Manifestó que las personas adultas mayores tienen derecho a una vida con calidad, libre de violencia y sin discriminación, a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, así como a la protección de su patrimonio.
