La propuesta de reforma eléctrica, enviada por Andrés Manuel López Obrador, con carácter de preferente, que recupera para el Estado la actividad estratégica de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, está sometida a un ataque sistemático por el gran capital nacional e internacional, en donde destacan las inefables calificadoras internacionales que responden a los intereses del gran capital financiero trasnacional.
Para el gran capital y sus corifeos, no importa que en el Tratado de Libre Comercio, TMEC en su última versión, el Presidente, aun en su carácter de presidente electo en la última fase de la negociación, haya logrado defender la soberanía nacional, al establecer que se respetarían los cambios que los países hicieran a su Constitución. Tampoco les importa el desastre que dejaron en la CFE ni la desaparición de la CLyFC que dejó a los 42 000 trabajadores del SME sin trabajo; ni recuerdan el escándalo de la quiebra de ENRON en 2001, la mayor empresa administradora de gasoductos y de plantas de energía del mundo en ese año. Y menos recuerdan las inundaciones en Tabasco en los años noventa provocados por dar preferencia a la electricidad generado por los privados y cerrando el paso a la energía hidráulica generada en Chiapas y Tabasco.
La importancia de la soberanía energética, en particular de la eléctrica, quedó demostrada en los últimos días con las tormentas invernales que congelaron los ductos de gas en Texas y dejaron sin luz y gas a miles de hogares en ese estado e impactaron a varias entidades del norte del país.
La urgencia de recuperar la autosuficiencia energética es evidente para la mayoría de la población.
El Informe de la Auditoria Superior de la Federación ha abierto un nuevo campo de batalla ideológico y político. La Auditoria es una labor fundamental para mostrar la corrupción, ahí se exhibió la estafa maestra, y para mejorar la eficiencia en la administración pública, es así mismo un evento público, político.
El Informe hoy señala que el costo de la cancelación de la obra faraónica del aeropuerto iniciado por Peña Nieto, que preveía construirse en tres fases (la primera acabaría en el 2020, la segunda en el 2040 y la tercera en 2060 !), se triplicó, pasó de los 100 000 millones de pesos estimados por Hacienda a 300 000 millones. Cancelación, no hay que olvidar, que se llevó a cabo después de una consulta popular. Señalamiento que ha sido rebatido por la Secretaría de Hacienda y que AMLO rechazó y ha pedido a la Cámara de Diputados que examinen dicho informe. Es difícil imaginar el costo financiero real que ese proyecto hubiera alcanzado en medio de la pandemia que abatió el transporte aéreo.
