La mayoría de los titulares de los centros educativos privados de todos los niveles entienden el contexto en el que está la Ciudad de México respecto al número de contagios por COVID-19, lo que conlleva que no haya clases presenciales, así lo informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública durante la rueda de prensa con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Detalló que se ha mantenido el diálogo con las autoridades de las escuelas y se les manifestó que si el lunes alguno realiza actividades el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) tomará las medidas correspondientes.
Por su parte, Claudia Sheinbaum mencionó que por lo general no se llegan a clausurar, primero se les informa y les explica los criterios generales para el cumplimiento de las normas.
Este lunes, Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, anunció que las escuelas particulares reabrirían sus puertas desde el 1 de marzo, aún sin el permiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“No estamos pidiendo autorización de la secretaria, estamos pidiendo que apoye la apertura de las escuelas particulares, estamos apegados al Estado de derecho. No estamos violando la ley y exigimos su cumplimiento por parte de las autoridades”, remarcó.
Dijo que, de las 48 mil escuelas particulares en el país, 20 mil han cerrado total o parcialmente. Aseguró que alrededor de 2 millones de alumnos han desertado de escuelas particulares. Villar calculó que un 40 por ciento de las escuelas particulares regresarían el lunes a las clases presenciales, con un aforo de 60 por ciento, ya que hay padres que no quieren aún enviar a sus hijos a las escuelas.
Se le preguntó cuál era su fundamentación para regresar a clases y respondió que ellos tienen el derecho a impartir educación y nadie les puede restringir los derechos. Recordó que primero les dijeron que dejarían de dar clases 15 días, luego un mes y ahora un año. Consideró que es ilógico y arbitrario, ya que eso no se contempla en ninguna ley y que la secretaría de Salud no tiene por qué suspender clases presenciales.
