Luego de que la ex funcionaria pública, Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra recluida en este momento, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) retirar un spot del partido Morena, en el que se utiliza su imagen sin autorización, alegando violencia política de género, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral negó la petición.
Y es que el pasado 17 de marzo, Robles Berlanga presentó una queja en contra del partido político de la Cuarta Transformación, con motivo de la difusión del spot para radio y televisión titulado “TUMOR”, al considerar que se utiliza su imagen sin su autorización y se le calumnia al vincularla con hechos delictivos.
No obstante, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, determinó improcedente la solicitud de dictar las medidas cautelares contra Morena, al determinar que “no se aprecian que dichas frases, ni otra del promocional contengan elementos objetivos para estimar que se está ante una situación de violencia política en razón de género”.
Durante la sesión para abordar el tema, los consejeros electorales argumentaron que desde una óptica preliminar, en el promocional titulado “Tumor” no se aprecian elementos para estimar que se promueve la violencia política en razón de género contra la ex secretaria de la Sedatu y Sedesol.
Asimismo, determinaron que tampoco se le atribuyen de manera directa delitos o hechos falsos y la utilización de su imagen “forma parte del ámbito de tolerancia que su imagen pública reviste, por lo que debe privilegiarse la libertad de expresión”.
“Se arribó a la conclusión de que el material denunciado no se basa en algún estereotipo de género o por el hecho de ser mujer; no se advierte elemento objetivo para que, en sede cautelar, se determine que las imágenes o expresiones tienen por objeto menoscabarla, denigrarla o calumniarla por ser mujer, ni generar una situación de violencia, vulnerabilidad, poder o desventaja basada en cuestiones de género en detrimento de los derechos político-electorales de la denunciante”, indicó la Comisión.
Cabe recordar que la funcionaria fue detenida en 2019, y es acusada por su presunto vínculo con el desvío de poco más de 5 mil 73 millones de pesos en la “Estafa Maestra”, mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas que se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.
