El Pleno de San Lázaro, da a conocer el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre el proyecto de demanda de Controversia Constitucional, relativa al blindaje del Congreso de Tamaulipas por el proceso de desafuero que enfrenta el gobernador Franscisco Javier García Cabeza de Vaca.
El pasado 2 de marzo, el Congreso local aprobó un acuerdo por el que se establecen las reglas de procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas, el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política.
Derivado de ello, la Jucopo consideró oportuno presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al asegurar que la declaración de procedencia es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Ya el área jurídica de la Cámara Baja alegó que los legisladores de Tamaulipas tratan de hacer una interpretación incongruente y sin fundamento constitucional sobre el procedimiento de declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), por su probable participación en delitos de la delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
“A quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la legislatura local únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano Jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”, detalla la demanda de controversia constitucional.
En tanto, el presidente en turno, el diputado panista, Xavier Azuara Zúñiga señaló que en términos del artículo 233, numeral primera, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de las y los diputados, en donde el acuerdo de la Jucopo señala que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso establece que la Junta de Coordinación Política es el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Además, en el proyecto de demanda la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, emitió la Opinión Técnica del Proyecto de Controversia Constitucional relativa a la aprobación de dicho punto de acuerdo, misma que fue remitida a la Junta de Coordinación el 24 de marzo del año en curso, y que, en términos generales, considera jurídicamente procedente la interposición de la demanda, con algunos ajustes específicos que fueron realizados al proyecto.
Cabe mencionar que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece expresamente que, una vez obtenida la opinión técnica del Área Jurídica de la Cámara, la Junta dará a conocer el proyecto de demanda anexando la opinión técnica, la cual deberá entregarse a todas los legisladores en versión electrónica o impresa al menos 24 horas antes de su discusión y votación en el Pleno.
