Hoy se reaprehendio a siete militares involucrados en el Caso Tlatlaya, en acatamiento a una orden judicial liberada desde octubre de 2019 por Olga María Josefina Ojeda Arellano, magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal, con sede en Toluca, Estado de México.
La magistrada resolvió en ese sentido una apelación a un fallo previo, que en mayo de 2016 ordenó liberar a los militares por falta de elementos.
En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, colindante con la capital mexicana.
De acuerdo a la versión inicial ofrecida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.
La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la liberación de los militares, señalando que no habían sido tomados en cuenta elementos de prueba como testimonios de las sobrevivientes y peritajes, contenidos en la averiguación previa AP/PGR/UEITA/161/2014
La versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.
Por su parte, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en 2014 que los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega.
Los militares reaprehendidos son Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, acusados de homicidio y ejercicio indebido del servicio público, por lo que no pudieron obtener la libertad bajo fianza.
Los otros cuatro son Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama, señalados como posibles responsables de ejercicio indebido del servicio público, el cual está considerado como un delito grave, y por tanto podrán seguir su proceso en libertad.
