El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, dijo que él apuesta por la política y la construcción de acuerdos entre todos los Grupos Parlamentarios en el tema relacionado con la regulación del cannabis.
Al término de la sesión de este martes, el senador aclaró en entrevista que esperará a que exista algún consenso de las fracciones parlamentarias para poder fijar una postura. “Apuesto ?afirmó? mucho a la política y a la concertación”.
A pregunta expresa sobre la posibilidad de solicitar una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la aprobación de dicha legislación, dijo que está propuesta pudiera ser una salida “con tal de construir un proyecto con consenso amplio”.
También comentó que se hace la valoración de aprobar el dictamen en sus términos, porque se tiene un plazo perentorio de la Corte; además, dijo, esta regulación representa para el Estado mexicano grandes ingresos. “Creemos -asentó- que es importante en estos momentos difíciles de pandemia y en el tema económico”.
El legislador señaló que la minuta que envió la Cámara de Diputados contiene muchos temas controversiales, como el permitir el consumo de mariguana “en cualquier parte”. Hay otras inquietudes como la eliminación del instituto que se proponía para regular el uso de esta planta, así como lo relacionado con los permisos y licencias.
Cabe destacar que la fracción parlamentaria de Morena había decidido allanarse a los cambios propuestos por su colegisladora, en aras de que se pudiera promulgar la nueva ley, incluso ayer logró que se aprobara el dictamen en la Comisión de Estudios Legislativos, a pesar de los reclamos de la oposición.
Ante algunos representantes de los medios de comunicación Ricardo Monreal, declaró que “no está nada fácil y el Senado tiene un gran problema”, ya que debe decidir si se allana a la minuta de la Cámara de Diputados para que la ley inicie su vigencia y cumplir con el mandato judicial o solicitar otro plazo.
El tema de fondo, explicó, “es que esta ley ayude, beneficie para atenuar al menos la criminalidad”, pero “hay muchos intereses, el Senado y la Cámara están llenos de cabilderos y esta ley tiene que ser un instrumento jurídico para evitar que se siga profundizando la violencia”.
En tanto los Senadores de la oposición alegaron que “es una sentencia de amparo que obliga a las autoridades, en este caso al Legislativo, a cumplirla en sus términos”.
Además, advirtieron que de no cumplirse con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un problema de inconstitucionalidad y de incumplimiento a un amparo, por lo que los sendores podrían ser removidos de su cargo por desacato.
