El paro convocado por vendedores finales de gas licuado, realizado por día y medio en varios estados de la República (Ciudad de México, Puebla, Veracruz e Hidalgo), fue, sin duda, un juego de fuerzas entre el gobierno federal y un sector de la burguesía, y su alcance político no debe ser menospreciado. El abasto del gas, como el de la gasolina y la electricidad, es un asunto de seguridad nacional y, con ello, no se juega.
Este paro se presenta en momentos en que el precio del gas ha subido escandalosamente -en el mercado nacional e internacional- desde enero-febrero cuando se registraron las grandes heladas en Texas. Y en el contexto internacional en que hace crisis la privatización de las empresas públicas energéticas en diversos países; las noticias de España han dado cuenta de ello, con los recibos escandalosos en el verano caliente.
Recordemos que los transportistas de alimentos y diversos insumos jugaron un papel decisivo en el golpe de Estado del presidente Allende en Chile en 1973. Y que una de las primeras medidas de Evo Morales, como presidente de Bolivia, fue la nacionalización del gas para que este llegara a todos los hogares de su país.
En la producción de gas y en su distribución, en particular en la entrega final a los hogares, se cruzan intereses diversos: del capital trasnacional, al que terminó de abrirle la puerta Peña Nieto, a los intermediarios estatales de grupos regionales y a los intermediarios locales, comisionistas se llaman, y los trabajadores que llevan los cilindros de gas a los hogares de menores recursos, concentrados en las zonas populares y periféricas de las grandes ciudades del país. Y, como en casi todas las mercancías, la distribución se lleva la tajada mayor del costo final que paga el consumidor (entre el 50 y el 70%).
El gobierno federal propone regular el mercado del gas, los precios del gas, como lo ha hecho históricamente con la gasolina y como una de las primeras acciones de este gobierno fue la lucha contra el guachicol criminal para rescatar el control público del abasto en el país. Y, más allá, ha propuesto crear una empresa pública para su distribución. Y se está pidiendo por transportistas la venta directa de Pemex.
La Comisión Reguladora de Energía estableció una directriz de emergencia para fijar los precios del gas licuado el 31 de julio pasado y a partir de ahí se dio la respuesta para impedir la regulación de los precios.
La cuarta transformación continúa su avance.
