La propuesta de iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, refleja el pensamiento de las comunidades que han luchado históricamente por sus derechos individuales y colectivos, para ser reconocidas como sujetos de derecho público con autonomía y libre determinación.
Durante la octava sesión del Comité Técnico de Expertos de la Reforma Indígena, desarrollada de manera virtual de acuerdo con las recomendaciones sanitarias, se presentaron los planteamientos y acuerdos emanados de 62 asambleas regionales de seguimiento del proceso de consulta libre, previa e informada para integrar al texto de la iniciativa.
Este órgano de análisis y deliberación, compuesto por mujeres y hombres especializados en materia jurídica, legislativa y técnica sobre derechos indígenas, entra a la etapa de consolidación de un proyecto de iniciativa, que se presentará al presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de septiembre de 2021 en Vícam, Sonora, donde tendrá lugar la ceremonia de petición de perdón al pueblo yaqui y a los pueblos indígenas de México.
Nuevo contrato social
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, destacó que este año la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora la fecha con el tema de “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”.
Recordó que el Gobierno de México implementa programas que dan trato prioritario a los pueblos indígenas, en una acción afirmativa que atiende al principio de que “por el bien de todos, primero los pobres; por el bien de México, primero los pueblos y comunidades indígenas”.
Expresó que la idea de los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social tiene especial relevancia para el INPI desde 2019, ya que se está construyendo y planteando una reforma a la Carta Magna para construir un Estado pluricultural.
Precisó que el gobierno federal ha establecido una nueva relación de diálogo directo con los pueblos indígenas que ha sido fundamental en la iniciativa de reforma.
“Ese es el planteamiento de las comunidades indígenas de México y el mundo, para que este contrato social realmente refleje sus realidades y aspiraciones de vida y los reconozca como sujetos de derecho público; esta es la idea que subyace detrás de la propuesta de reforma constitucional.”
Tras realizarse en los meses de junio y julio las 62 asambleas regionales de seguimiento para la reforma indígena, en las que participaron de más de 20 mil autoridades y representantes indígenas de todo el país, Adelfo Regino informó que se han recibido casi 200 mil firmas de respaldo al proyecto de iniciativa que será presentado al presidente de la República.
Iniciativa estratégica nacional
El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rabindranath Salazar Solorio, indicó que, a dos años de iniciado el proceso de consulta, en el que se realizaron 54 foros en 27 estados del país, ha continuado el diálogo:
“Se ha podido avanzar para concretar el sueño de miles de hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos, que han luchado para que México sea una realidad pluricultural, con pleno respeto a su derecho de autodeterminación.”
El antropólogo Héctor Díaz-Polanco, integrante del Comité Técnico de Expertos, se pronunció porque la iniciativa de reforma sea una propuesta de las y los indígenas, pero ampliamente apoyada por diversos sectores de la población mexicana:
“Debe plantearse como una iniciativa estratégica nacional, justamente en la medida de que es vital para los pueblos indígenas, bajo el principio fundamental de que por el bien de todos los mexicanos hay que establecer una plataforma de diversidad y pluralidad en nuestro país.”
Consideró que se debe realizar un amplio proceso de difusión, debate, discusión y de consenso, para respaldar la iniciativa de reforma con otros movimientos sociales inmersos en el tema, por el carácter transversal de la propuesta que contempla la lucha de amplios sectores.
La diputada federal Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, refirió que las comunidades indígenas de México habían permanecido invisibles en la mayor parte de la normatividad del Estado, y si bien hubo avances en la reforma de 1991, quedaron muchos pendientes que no han sido atendidos.
En ese sentido, dijo que la presente legislatura ha establecido tres pilares sólidos para sostener el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas:
Establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicano; reconocer el valor cultural de nuestros pueblos, así como fortalecer su derecho de autodeterminación, a través del reconocimiento a la importancia de los procesos de consulta.
“Estoy segura de que ya colocamos los cimientos para la construcción del nuevo Estado democrático, a través del derecho con perspectiva pluricultural.”
El coordinador general del proyecto de creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM) del INPI, Natalio Hernández Hernández, señaló que los pueblos indígenas no pueden ser considerados como una realidad aparte, como un sector al margen del proyecto nacional.
“Tenemos el gran reto y desafío de cómo poder comprometer a todos los sectores de la sociedad, para que vean en esta reforma la transformación y coadyuven a que el Congreso realmente pueda asumir este reto con toda la sociedad, no sólo con las comunidades indígenas.”
El integrante del Servicio Exterior Mexicano (SEM) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Gustavo Torres Cisneros, mencionó que el instrumento más importante que se tiene a la fecha es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; de ahí la importancia de modificar la Constitución de acuerdo con los estándares internacionales.
El Comité Técnico de Expertos consensó revisar los acuerdos formales y propuestas que se tomaron durante las 62 Asambleas Regionales de Seguimiento, para entrar a una fase de revisión y reflexión, con el objetivo de que sean integrados la propuesta de iniciativa en la novena sesión, que se llevará a cabo a finales de mes.
La iniciativa de reforma plantea modificar 15 artículos de la Constitución para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica; además de consolidar su libre determinación y autonomía, entre otros temas fundamentales que abordan de manera integral sus derechos colectivos y la defensa de su patrimonio territorial y cultural.
