Para comprender el alcance de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado el pasado 1 de octubre del año en curso, es necesario tener presente los cambios fundamentales de los artículos 26, 27 y 28 de la Constitución aprobados en la contrarreforma propuesta por Peña Nieto, presentada en la Cámara por legislativos panistas, y aprobada por el PRIANPRD en 2014; y señalar algunos puntos del galimatías en que quedó atrapado el servicio eléctrico nacional y, particularmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dos antecedentes previos: el primero fue la declaración de Salinas, en los prolegómenos de la negociación del TLCAN de que diversos aspectos del servicio de energía eléctrico no eran servicio público: el autoabastecimeinto, la de los productores independientes para su venta a la CFE, la generación de electricidad para su exportación, la importación para autoabastecimiento ni la destinada a uso en emergencias derivadas por las interrupciones del servicio público. Y el segundo, la contrarreforma que intentó Calderón en 2008 y que en gran medida fue detenida por la participación de Manuel Bartlet, en ese entonces senador.
Esa contrarreforma, como se explica en la presentación de la iniciativa del gobierno actual, implicó el desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral y con ello se debilitó la seguridad energética y se ponía en riesgo la seguridad nacional; una reforma regresiva, de despojo que, a corto plazo, llevaba a la desaparición de las empresas energéticas del Estado con beneficios ilimitados al sector privado.
Estableció la fragmentación de la empresa y la constitución de seis empresas subsidiarias, autónomas dentro de la CFE pero sometidas a disposiciones de la Comisión Reguladoras de Energía (CENAR) que definía tarifas y del Centro Nacional de Control de Energía (CENAC) que definía quién (que empresa), dónde y cuando se interconectaba dando preferencia a la generación privada y obligando a la CFE a trabajar a menor capacidad. También se dio preferencia a que las empresas privadas abastecieran a los grandes consumidores. Y las empresas privadas se otorgaban a sí mismas “certificados de energía limpia”.
La CFE daba parte de su presupuesto a las subsidiarias y respondía por ellas, pero no las administraba. La subsidiaria CFE Suministro Básico que atiende a millones de usuarios está impedida legalmente para adquirir energía de la misma CFE !!!
A través de las subastas de largo plazo se obliga a CFE a comprarles a las empresas privadas durante 20 años a un precio fijo y despacho asegurado. Se obliga a CFE a comprar energía a productores independientes por 25 años y al final del contrato, de esos 25 años, los privados se quedan con la propiedad de las centrales eléctricas construidas, como las cárceles. Se han construido con este modelito 34 centrales que generan cerca de la tercera parte de la energía. Y tiene que comprarles el 100 por ciento, aunque no siempre se les despacha esa totalidad… Nada de libre mercado.
Además, por si fuera poco, y como ha sido tradicional en el viejo régimen político, estos proyectos privados se benefician, exigen, financiamiento público de la banca de desarrollo, a tasas preferenciales y además recursos de las Afores.
Las sociedades de autoabastecimiento, así denominadas, son otra transa más, otro esquema ilegal, simulador de socios que en realidad son clientes. Hay 239 centrales de autoabastecimiento en donde están 77 767 grandes consumidores, que disfrazan monopolios privados.
La contrarreforma rompió toda capacidad de planeación. Los permisos otorgados duplican la demanda estimada para 2024, o sea, la estimada para diez años después de la aprobación de esa contrarreforma. Incluso solicitudes de generación pendientes de aprobación triplicarían la demanda estimada.
Se ha creado así una situación irracional, insostenible que provoca serios riesgos para el sistema eléctrico nacional.
Y ahora entra en acción la guerra judicial, el lawfare, en toda su dimensión, con un sistema judicial corrupto en donde jueces dan amparo tras amparo al capital privado nacional y trasnacional.
Resultado: CFE que tiene capacidad de generar el 54% de la demanda nacional solo puede despachar el 38% y en unos años más, sólo el 29%. Los privados generan el 62%: los independientes generan el 31%, las sociedades de autoabastecimiento el 12%, las centrales eléctricas construidas después de la reforma el 15%. Los privados se han apoderado de los grandes consumidores.
En síntesis, el director de la CFE, Manuel Bartlet, afirma:
“Es un atraco lo que vive la CFE, el sector eléctrico mexicano, no hay un sistema honesto de competencia, pero ahí tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica que solo nos persigue a nosotros, dice que somos monopolio, pero no persigue a los monopolios privados”.
