El Instituto Nacional Electoral nació como Instituto Federal Electoral, en 1990, durante el gobierno de Salinas para intentar paliar el descontento por el fraude de 1988; sus funciones se definieron en 1993: decretar la validez de las elecciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría y establecer topes de campaña.
En 1994 se estableció la figura de “consejeros ciudadanos” propuestos por las fracciones parlamentarias, lo que en la práctica se convirtió en un reparto entre los partidos. En 1996 se formalizó la autonomía del Instituto al desligar al ejecutivo del nombramiento de sus integrantes y nombrarlo un organismo público autónomo.
En 2007 se estableció entre sus funciones regular el acceso de los partidos a los medios de comunicación. En 2014 se refuerza el carácter nacional del instituto, y adquiere la función de organizar las elecciones de los partidos y organizar las consultas populares. A Lorenzo Córdoba se le eligió presidente del INE por 9 años el 13 de abril de 2014, por lo que cumplirá su función el 13 de abril de 2023, y había sido consejero del IFE del 15 de diciembre de 2011 al 7 de enero de 2014.
Si bien el IFE nació por impulso de personalidades políticas no partidarias en esos años, en el curso del tiempo se ha convertido en una institución “autónoma” que no vió ni escuchó las múltiples triquiñuelas del PRI y del PAN ni los financiamientos ilícitos en las campañas, sobre todo presidenciales, que permitieron el acceso al poder de los dos expresidentes del PAN, en particular el escandaloso fraude de Calderón y el de Peña Nieto, el último presidente del PRI.
A partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador que no pudo ser controvertido, las dos figuras mediáticas del INE, Lorenzo Córdova, presidente, y el consejero Ciro Murayama -quién fue asesor de José Wolderbeng, primer presidente del IFE entre 1993 y 2003- fueron tomando partido, ya sea con los partidos tradicionales como el PRI y el PAN y ahora con Va por México, la conformación impulsada por Claudio X González; y, fundamentalmente, han tomado partido contra AMLO y contra Morena.
Destacamos en esta nota el rechazo de los dirigentes del INE a ajustar sus salarios para no tener ingresos mayores a los del presidente Andrés Manuel López Obrador, como los ministros de la Suprema Corte y otros miembros de los organismos autónomos; a no ajustar sus gastos bajo el criterio de la austeridad republicana y, ahora, a rechazar la consulta popular sobre la revocación de mandato, que es una de sus responsabilidades, so pretexto de que no les alcanza para el gasto.
El presupuesto aprobado para el INE para este 2022, fue de 19 737 millones de pesos, 30% superior al del poder legislativo (Cámara de Diputados y la de Senadores). Si se aplicaran las medidas de austeridad aplicadas en el gobierno federal, el INE podría contar con 2 972 millones de pesos. Entre las medidas, hay que recordar, están el ajuste de los salarios, que podría significar un ahorro de 719 millones de peso; suprimir pagos de seguros de gastos médicos otro de 131.6 millones y de separación individual un monto de 306.9 millones. Tengamos presente que entre los rubros ajustados a nivel federal se encuentran los gastos en telefonía celular (que deberían pagar los que la usan, no el presupuesto federal); arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones e informática, papelería, congresos y convenciones… Ajustes que, por supuesto, el INE no ha realizado.
La consulta popular y revocación de mandato, cuyo costo se estima en 830 millones y un plan de austeridad por 554.5 millones, representarían 15% del presupuesto del INE.
Exijamos a los dirigentes del INE un ajuste de cuentas y la realización de la consulta nacional sobre la revocación de mandato.
