Durante los foros del Parlamento Abierto que discuten la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, diversos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han coincidido en las ventajas de dicha reforma.
En ese sentido, son tres pilares de la iniciativa presentada por el jefe del Ejecutivo Federal, a saber: la garantía de suministro eléctrico, precios justos y un modelo energético sostenible.
Considerando la importancia que la industria eléctrica tiene para el desarrollo de México, corresponde al Estado garantizar el acceso universal a la electricidad sin restricciones operativas ni de mercado.
Si se continuara con esta lógica mercantil, existen riesgos de suministro que podrían poner en peligro la seguridad nacional, ante la posibilidad de daño físico y económico a la infraestructura. Además de que difícilmente el sector privado actuaria con una visión nacional.
De manera que, uno de los principales objetivos de la reforma es la autosuficiencia y el abastecimiento continuo a la población, por parte del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que es uno de los más grandes del mundo, porque da servicio a todo el país y alcanza el 99.2% de cobertura del servicio en México.
En reiteradas ocasiones, la secretaria de energía Rocío Nahle ha declarado que la CFE generará como mínimo el 54% de la electricidad, y los privados el 46%, para garantizar la seguridad energética. Así, la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación.
Finalmente, la reforma planteada también contempla cancelar algunos contratos. Desde el 2014 hasta el 2018 se realizaron tres subastas a largo plazo de generación eólica y solar. En estas subastas, la CFE está obligada a comprar durante 20 años a un precio fijo la electricidad, que hoy es el más alto del mercado. Además, no se otorgarán concesiones sobre el litio y otros minerales estratégicos.
