Al anticipar la muerte del dictamen de la reforma eléctrica presentado por Morena, PT y PVEM, los partidos que integran la coalición Va por México anunciaron una contrapropuesta que permita que los ciudadanos paguen menos por el servicio, impulse las energías renovables y fomente el respeto a la inversión privada.
Los dirigentes del PRI, PAN y PRD adelantaron que votarán en contra de la reforma que promueve el Ejecutivo y, una vez que esta sea desechada en el Congreso, presentarán su iniciativa alterna.
En ese sentido la oposición la oposición propone diez puntos esenciales para la Reforma Eléctrica:
El primer punto que plantea la contrapropuesta de la coalición es establecer el acceso a la energía eléctrica como derecho humano en el artículo cuarto de la Constitución, misma que debe ser de forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible, siendo el Estado el que la provea a los costos más bajos y estables posibles.
Como siguiente punto se contempla mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a los precios más bajos y estables posibles. Esto es, garantizar tarifas favorables a jefas de familia y grupos vulnerables mediante la aplicación de subsidios focalizados o, donde sea posible, mediante la instalación de sistemas de generación eléctrica en pequeña escala en los hogares o en forma comunitaria, en modalidad de generación distribuida.
Tercero, la iniciativa establece que el Estado tiene la obligación de conducir el proceso de transición energética como objetivo fundamental en la lucha contra la crisis climática, pero con la participación del sector público, privado y social.
El cuarto punto sugiere crear un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en un plazo no mayor a un año, en virtud de que se considera que en ese tiempo ya amortizaron su inversión.
Como quinto punto, abre la oportunidad para que negocios y empresas más pequeños puedan acceder al mercado eléctrico y sus beneficios; las compañías que cumplan con el tope de consumo podrán optar por mantenerse en el Suministro Básico o migrar al mercado eléctrico mayorista.
En sexto lugar, se otorga autonomía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como medida para fortalecer la regulación del mercado.
El siguiente punto plantea que el actual Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) absorba la planeación general del Sistema Eléctrico y la Transmisión y Distribución (CFE transmisión y CFE distribución) para transformarse en la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, un organismo autónomo del Estado.
El punto octavo habla del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la que se le otorga autonomía presupuestaria y de gestión, operando fuera del presupuesto, con órganos de gobierno corporativos, independientes y profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público.
En noveno lugar, busca fomentar la penetración del uso de energías renovables y, como punto diez, perfeccionar el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos.
En penúltimo lugar, propone reformular el modelo de Certificados de Energías Limpias (CEL) para alinearlo con los Certificados Internacionales de Energía Renovable (IREC). De esta forma las empresas mexicanas podrán acreditar internacionalmente su cumplimiento en materia ambiental.
Y finalmente, plantea que el litio sea propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguiría las reglas del petróleo, estableciendo rondas para exploración y extracción por parte de privados garantizando al Estado la propiedad y las ganancias de la actividad minera.
