Durante la primera reunión Zona Centro 2022 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública se expuso la necesidad de modificaciones mínimas a dos leyes que permitirán dotar de mayor equipamiento a estados y municipios del país.
El encuentro, realizado en el C5i de Pachuca, Hidalgo, fue encabezado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el gobernador del estado, Omar Fayad, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.
Estuvieron presentes los secretarios de Seguridad de Hidalgo, Mauricio Delmar; del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis; de Guerrero, Evelio Méndez; de Morelos, José Antonio Ortiz; de Puebla, Daniel Iván Cruz, de Tlaxcala, el general de brigada Raúl Ruiz, y la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Marcela Figueroa.
Así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y los titulares del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez; de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), Marco Antonio Vargas, y de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada, Antonio Hazael Ruíz.
Ahí, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comentó que el primer cambio legislativo necesario está relacionado con los recursos de cuentas bancarias congeladas del crimen organizado y del crimen de cuello blanco, cuentas que no están dentro de carpetas de investigación, no llevan un juicio, ni un proceso judicial de ningún tipo.
“Necesitamos que los legisladores aprueben cambios a los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Para qué? Para que podamos usar ese dinero en la compra de patrullas y de equipamiento para los policías de los estados y los municipios”, detalló.
El segundo cambio, precisó, es a los artículos 45 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal para lograr el refinanciamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
“Actualmente, como saben, sólo se habla de infraestructura.
“¿Qué queremos, qué necesitamos? Que se reconsidere el refinanciamiento para equipamiento a los policías del país”, agregó.
Aclaró que el cambio a la ley no es constitucional, pero se requiere el apoyo de los diputados federales para adelantar recursos del 2023 y del 2024 y que sean recibidos por los estados este mismo año.
En ese contexto, expuso que la Estrategia Nacional de Seguridad aplicada por el Gobierno de México es la correcta y una muestra es la baja de los índices delictivos a nivel nacional.
Reportó que entre los delitos a la baja están el robo de vehículo que en mayo pasado se redujo 45.8%, respecto al máximo histórico de enero de 2018.
En tanto, el secuestro disminuyó 58.3%, al pasar de 185 víctimas, en enero de 2019, a 77 en mayo de 2022.
El homicidio doloso se contuvo y mantiene una tendencia a la baja con una reducción de 7.8% en mayo, en comparación con el máximo histórico de 2018.
En general, los delitos federales registran un descenso de 26.6% en esta administración, los niveles más bajos desde hace cuatro años.
Recordó que desde el inicio de la administración se puso en marcha una serie de espacios y mecanismos de coordinación y que el más conocido de estos espacios es el gabinete de seguridad, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gabinete sesiona de lunes a viernes a las 06:00 horas, con la participación de los titulares de la SSPC; Defensa Nacional (SEDENA); Marina (SEMAR); Gobernación (SEGOB); la Consejería Jurídica y Guardia Nacional (GN).
De esta manera, agregó, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública se ha constituido como una de las vías formales de interlocución más importantes.
Exhortó a mantener abiertos y activos los canales de comunicación entre los gobiernos Federal y estatales, pues esa vinculación, donde también participan organizaciones ciudadanas e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, ha permitido concretar acciones comunes, que contribuyen a garantizar la paz y el orden público.
Celebró que la conferencia haya logrado avances en proyectos como el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos; la protección a derechos humanos en el Registro Nacional de Detenciones; la implementación de perspectiva de género en los Protocolos Nacionales de Uso de la Fuerza y de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género Contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, ambos como instrumentos del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
También destaca la creación de nuevos registros nacionales para mejorar el suministro, consulta y actualización de la información a las instituciones de seguridad pública y así lograr una mejor operatividad.
“De igual forma, quiero resaltar la importancia de la creación del primer Protocolo Nacional de Actuación Policial Homologado de Violencia Feminicida y Feminicidio que dotará de herramientas a los grupos de reacción inmediata para reconocer los niveles de violencia de riesgo de una mujer víctima”, expuso.
